Los ánimos al interior de la Corte Suprema no son los mejores. Así quedó de manifiesto durante el pleno extraordinario de hoy, que duró cerca de dos horas y que tenía por objetivo revisar la petición de remoción "exprés" en contra de los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que son investigados por hechos de presunta corrupción, Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Esta iniciativa fue presentada por los integrantes de la Tercera Sala Constitucional del máximo tribunal.

Lo estrecho de la votación dejó en evidencia que existe entre los supremos dos posturas sobre cómo se debe abordar esta situación. De hecho, el nueve a ocho en contra de la remoción estuvo marcado por una "tensa discusión", como asumen algunos miembros de la Suprema.

Aquellos que se mostraron a favor de la remoción, entre quienes se encuentran los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, María Eugenia Sandoval, Arturo Prado y Ángela Vivanco, de la Tercera Sala, además de Manuel Valderrama, Gloria Ana Chevesich y Ricardo Blanco, argumentaron que esta medida sería una señal fuerte y drástica tanto al exterior como al interior del Poder Judicial.

Para esto, indicaron que correspondía invocar el Artículo 80 de la Constitución, que permite una salida expedita cuando detectan jueces "que no han tenido un buen comportamiento".

La postura de los miembros de la Tercera Sala, liderados por Muñoz, fue la apertura inmediata del cuaderno de remoción. En tanto, los tres ministros que apoyaron a los "constitucionalistas" aprobaron la petición, aunque la postura fue iniciar este procedimiento una vez que culmine la investigación sumaria de la ministra Rosa María Maggi.

En la vereda contraria se encontraban el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, además de los jueces Lamberto Cisternas, Carlos Künsemüller, Guillermo Silva, Rosa Egnem, Juan Fuentes, Andrea Muñoz, Mauricio Silva y Hugo Dolmestch. Uno de los argumentos de esta línea, en que Dolmestch tomó el protagonismo, fue que el máximo tribunal debía dar el ejemplo en respetar el debido proceso.

En este sentido, aseguraron que esta remoción impulsaría el reclamo de los acusados en la Corte Interamericana de Justicia, al no permitirse que culmine la investigación sumaria. Además, indicaron que la aprobación no significaba la salida inmediata de Elgueta, Vásquez y Albornoz, dado que de concretarse la solicitud, se debía pedir un informe a los acusados y a la Corte de

Apelaciones de Rancagua, lo que extendería el asunto por 20 o 30 días más. Tras la instancia, el vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, intentó desdramatizar la diferencia, al asegurar que en los ministros existe "coincidencia absoluta de que los hechos son muy graves y merecen celeridad y ser sancionados de manera muy firme".

En lo que sí hubo acuerdo fue en solicitar "celeridad" a la investigación administrativa que lleva a cabo Maggi, quien no estuvo presente en el pleno al encontrarse en Rancagua realizando diligencias. Para formalizar la solicitud, se espera que Brito se reúna con Maggi para solicitarle que avance lo más rápido posible en las indagatorias, con resultados en un plazo máximo de dos semanas.

En tanto, sobre la causa que lleva el Ministerio Público, hoy el fiscal nacional, Jorge Abbott, abordó la "sugerencia" del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de sacar la investigación de Rancagua.

Abbott dijo que "tomaremos alguna decisión en algún minuto". Añadió que "está claro que no ha sido el fiscal (Emiliano) Arias el que ha llevado adelante la investigación, sino que más bien Sergio Moya. Es muy difícil poder pensar que Moya pueda salir de la investigación, pues él ha recabado antecedentes durante años".

Cámara aprueba comisión investigadora

La Cámara de Diputados aprobó hoy, por 96 votos a favor y 14 abstenciones, la creación de una comisión investigadora para abordar la situación de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

La instancia -que deberá cumplir su cometido en un plazo de 90 días- había sido promovida de manera transversal por Alejandra Sepúlveda (FRVS), Juan Luis Castro (PS) y los UDI Javier Macaya e Issa Kort, todos representantes de la Región de O'Higgins.

Pese al apoyo mayoritario, la creación de esta instancia sufrió algunos cuestionamientos, ya que la Cámara no cuenta con atribuciones para indagar en los actos de otro poder del Estado.

Ante ello, la diputada Sepúlveda explicó que los objetivos de la comisión investigadora apuntarán a indagar en las actuaciones del Ministerio de Justicia, como, por ejemplo, en lo referido a los nombramientos de jueces. Esto, además de canalizar las denuncias que, de manera independiente, han recibido distintos diputados respecto de los jueces rancagüinos, y, en la fase final del trabajo de la comisión, consolidar una serie de propuestas para modificar el sistema de designación de jueces y notarios.

Elgueta no ha podido ser notificado

A una semana de que se lleve a cabo en Rancagua la formalización del ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, Emilio Elgueta, por delitos vinculados a presuntos actos de corrupción, el Juzgado de Garantía aún no ha podido notificar al magistrado.

Se ha intentado -sin éxito- ubicar al juez en el domicilio personal que registra en el tribunal de alzada rancagüino y el que -según antecedentes del Poder Judicial- es la vivienda por la que recibe una asignación económica y en la que, debido a ese beneficio, debería habitar. Además, los receptores han concurrido a un departamento en el cual Elgueta habría vivido estos últimos meses para intentar notificarlo de la audiencia que pidió el fiscal jefe de Alta Complejidad, Sergio Moya.

Aunque la causa penal que involucra al juez Elgueta por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho es por todos conocida y ha generado una amplia crisis en el Poder Judicial, la formalidad de estos procesos penales es que el imputado sea notificado personalmente o a través de su abogado.