Cómo el TC complicó a Rutherford

Fue en marzo de 2018 cuando la ministra Romy Rutherford abrió uno de los cuadernos que más preocupación generó en el Alto Mando del Ejército. Se trataba de la arista "empresas de turismo", la que motivó que generales declararan ante la magistrada por presuntas devoluciones de dinero ilegales en comisiones de servicio al extranjero.

La inquietud por estas pesquisas no se quedó en rumores de pasillos en el Ejército, sino que se concretó judicialmente: acudir al Tribunal Constitucional (TC) para pedir la inconstitucionalidad de las pesquisas de la ministra y, además, suspender el caso mientras el tribunal toma una decisión de fondo.

Esa fue, por ejemplo, la estrategia que tomó el excomandante en jefe, general (R) Humberto Oviedo, y que este jueves resolvió el TC, "aclarando" que la suspensión corría para toda la investigación y no solo en el cuaderno "empresas de turismo", como lo señalaron en un escrito Rutherford y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Esta causa fue caratulada por el TC como "requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Humberto Patricio Oviedo Arriagada respecto del Artículo 78, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal, en la causa Rol N° 575-2014, cuaderno 'empresas de turismo', instruida por la ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Rutherford Parentti".

El TC acogió esta solicitud. No obstante, el 12 de junio la defensa del general (R), hoy procesado por la malversación de más de $ 4.500 millones, pidió una rectificación del tribunal, dado que ellos entendían que la suspensión era para toda la causa y no solo para la arista "empresas de turismo". La Primera Sala falló a favor de Oviedo por tres votos contra dos, aunque esta decisión no implicará que el procesamiento de la ministra se anule, pues no será retroactivo.

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Quienes estuvieron a favor de la solicitud de Oviedo fueron Juan José Romero, José Ignacio Vásquez y el presidente, Iván Aróstica. Sin embargo, esta no es primera vez que los ministros votan de esta manera, pues en el desarrollo de la causa, en el TC generalmente han acogido lo solicitado por los recurrentes.

Fueron los casos del coronel (R) Iván Faber (acción a la cual se sumaron el general (R) John Griffiths y el exgeneral Guillermo Porcile), el general Alejandro Villagra, el coronel (R) Luis Podestá y el general (R) Oviedo. En la causa de Faber, por ejemplo, en una votación de tres (Romero, Vásquez y Aróstica) contra dos (María Pía Silva y Domingo Hernández), se acordó acoger a trámite el requerimiento y suspender las pesquisas.

La Corte Suprema, tras una apelación presentada por Gonzalo Rodríguez (abogado de Oviedo), también analizó el caso y decidió que correspondía pedir al TC una copia de la resolución para analizarla. La decisión de la Sala Penal fue unánime. Por tratarse de una causa de la justicia militar, la instancia fue integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Carlos Künsemüller, Jorge Dahm, los abogados integrantes Jorge Lagos y Antonio Ibarra, y el auditor del Ejército subrogante.

Eso sí, este jueves la defensa de Oviedo sufrió una derrota en la Corte Marcial. Rodríguez había presentado un recurso de amparo por el procesamiento y la instancia falló en su contra por unanimidad.

Además, se dio a conocer un informe de la Suprema sobre un proyecto que busca ampliar de tres a cinco años la permanencia de los ministros de la Corte Marcial. "El plazo actual de tres años, dada la estructura institucional vigente, parece un adecuado equilibrio entre estabilidad de los criterios jurisprudenciales y la distribución equilibrada de la carga de trabajo", dice el informe.