Este jueves, el Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso interpuesto por tres juezas titulares del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago para que el organismo se pronuncie ante una posible inconstitucionalidad en la que se podría incurrir al obligar a comparecer de manera presencial a los acusados del caso SQM a todas las audiencias del juicio oral.
Esto, considerando que dicha instancia –que se inició el 13 de febrero pasado- podría extenderse por un plazo de dos años en la cual el Ministerio Público acusa el financiamiento irregular de políticos de diversos sectores por parte de la minera no metálica, y donde solo la lectura de la acusación podría tardar dos semanas.
En la acción constitucional presentada por las magistradas Claudia Santos, Carolina Paredes y María Teresa Barrientos se plantea que podría resultar desproporcionado obligar a la presencia diaria e ininterrumpida de los ocho acusados, entre los que se encuentran el exsenador y exministro Pablo Longueira, el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, el exdiputado Marco Enríquez-Ominami y su exasesor Cristián Warner.
Con esta decisión, la discusión y los alegatos en torno a este recurso pasarán al pleno del Tribunal Constitucional.
Cabe indicar que Longueira, ya había interpuesto sin éxito un requerimiento ante el TC con el fin de no asistir al juicio oral durante toda su duración. Al respecto, su defensa había argumentado que esto generaría una vulneración en los derechos humanos y le impediría, incluso, poder trabajar.
En la acusación, el exministro de Sebastián Piñera arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que el excandidato presidencial del PRO está imputado por delitos tributarios, por lo que arriesga cuatro años de cárcel.
En el caso, que surgió en 2015, el Ministerio Público acusa un modelo de financiamiento ilegal de la política por parte de la minera no metálica, donde se acusa a Longueira de recibir pagos para, supuestamente, favorecer la tramitación de una ley de royalty minero.
Por otro lado, Contesse es imputado por financiar campañas con boletas ideológicamente falsas entre 2009 y 2015 por un monto que superaría los $6.700 millones.
A lo largo del proceso judicial también fueron acusados otras figuras políticas, tales como Pablo Zalaquett, Jorge Pizarro, Adolfo Zaldívar, Fulvio Rossi, Carlos Ominami, Jaime Orpis y el hermano del expresidente Eduardo Frei, Francisco Frei, entre otros.
