Poco antes de que la ministra Romy Rutherford decidiera procesar en calidad de inculpado al excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez, la defensa del general (R) quiso jugar una última carta judicial.

Por eso ingresó al Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inaplicabilidad que tiene dos objetivos. El primero era alegar que a juicio de la defensa del exuniformado, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez, es inconstitucional que la justicia militar permita que un juez cite a declarar a un inculpado sin presencia de su abogado ya que eso significa que no podrá guardar silencio, una garantía que sí está presente en los procesos penales ordinarios.

Por lo mismo, y buscando evitar o al menos seguir atrasando el interrogatorio citado por Rutherford, Manríquez solicitó al TC que decretara la suspensión del procedimiento mientras se tramita el recurso. Eso significa que se estaba pidiendo congelar la investigación de la jueza para que así ella no pudiera darle curso a la citación para declarar.

Sin embargo, la Primera Sala del TC vio recién este miércoles dicha solicitud. Lo hizo cuando Martínez ya había citado a declarar e incluso solo horas después de que fuera procesado en calidad de inculpado del delito de fraude al fisco en la arista empresas de turismo.

Por 3 votos contra 2 el TC rechazó la petición. Además, resolvió citar a alegatos para analizar la admisibilidad del recurso. Esto último quedó citado para el 13 de abril a las 12:00 horas.