El Tribunal Constitucional admitió ayer los cuestionamientos sobre seguir cualquier actuación o adoptar alguna resolución respecto al general Alejando Villagra, en el marco de la investigación por fraude en el Ejército en la causa que lleva adelante la ministra en visita Romy Rutherford.

Ello, luego que fuera acogido a trámite el requerimiento inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del comandante de la Primera Brigada Acorazada "Coraceros" –liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez- que busca invalidar el proceso bajo la justicia militar que pesa sobre el uniformado, precisamente, porque se estarían vulnerando sus garantías constitucionales al ser sometido al secreto de sumario, no contar con abogado en cada diligencia y poder ser procesado sin una debida igualdad procesal, pues el mismo tribunal que lo indaga como inculpado es el que debe juzgarlo más adelante, cuestión que no se ajusta a la Constitución, ni a los Tratados aplicables.

De esta manera, el proceso puede quedar congelado desde la fecha de la audiencia en la que se discuta la admisibilidad del fondo del recurso.

Al respecto, el abogado Manríquez dijo que "la etapa constitucional es muy relevante para resolver el fondo de esta causa y la decisión del Tribunal Constitucional debe ser valorada en todo lo que significa".

"Como hemos dicho, a estas alturas, los derechos humanos tienen vigencia universal y la decisión del tribunal de revisar el fondo de los problemas que causan las normas del procedimiento penal antiguo, respecto de la observancia de los tratados en materia de derechos humanos, es un paso muy relevante", destacó.