El traslado a una celda de castigo o la prohibición de recibir visitas son las sanciones más comunes estipuladas en el reglamento disciplinario de Gendarmería, a la hora de actuar frente a los reos con mal comportamiento. Estas medidas deben ser registradas y dejan huella en la hoja de vida del interno. Sin embargo, existe una alternativa irregular, ideada entre los internos y algunos gendarmes, para "cobrar" (castigar) la indisciplina y al mismo tiempo no perjudicar los antecedentes del recluso. Esta acción es conocida en la jerga penitenciaria como el "pago al contado".

Según constata el Estudio de Condiciones Carcelarias 2016-2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dicho "pago" consiste en la aplicación al reo de apremios físicos "como puñetazos en el tórax", o bien "puntapiés, bofetadas" y golpes en distintas áreas del cuerpo.El reporte consigna que maltratos de este tipo se han producido en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Vallenar y Tocopilla.

"El 'pago al contado' es una práctica ya inscrita en las acciones de los funcionarios uniformados", establece el documento.

De acuerdo a la información recopilada por el INDH, no solo con agresiones se paga el no quedar "fichado" (registrado). Por ejemplo, en el CDP de Vallenar se detectó que algunos gendarmes obligan a los reclusos a efectuar ejercicios físicos "forzando a los internos a realizarlos desnudos".

No se trata de una situación que afecte exclusivamente a internos varones. "En el caso de la población femenina, las prácticas de 'pago al contado' no se traducen en ejercicios físicos, sino en actividades de limpieza", señala el INDH, sobre casos detectados en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria.

"La práctica del 'pago al contado' es recurrente al interior del penal (con ejercicios), pero también se manifiesta que los o las gendarmes les propinan golpes cuando están de mal humor", consigna el estudio, en el caso del CDP de Talagante.

Rechazo

El director nacional de Gendarmería, coronel Christián Alveal, condenó este tipo de hechos producidos al interior de las cárceles chilenas. "Se trata de una práctica, que de ocurrir, es totalmente repudiada por la administración penitenciaria, No vamos a permitir que se apliquen a los internos sanciones que no estén normadas", aseguró.

En este sentido, Alveal adelantó que la institución trabaja en un software que unificará las sanciones a los internos, con el fin de prevenir arbitrariedades.

"Con esa urgencia estamos trabajando, para hacer sanciones justas, transparentes y ajustadas a derecho. Ese es el esfuerzo institucional de hoy", manifestó la autoridad.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD), miembro de la Comisión de Derechos Humanos, consideró que este tipo de "prácticas vulneratorias, junto con ir en sentido contrario a los estándares internacionales, son de carácter extrarreglamentario y apuntan a una naturalización de los abusos" en el sistema penitenciario chileno.