Desde el sábado que en la Cárcel de Puente Alto los ánimos están tensos. El fin de semana hubo desórdenes por parte de los internos, la madrugada del lunes un intento de motín de 400 reos y este miércoles, una frustrada fuga que terminó con cinco gendarmes lesionados.
Pero los problemas en Puente Alto no comenzaron hace cuatro días, sino que hace casi un mes, cuando el 29 de marzo un interno diera positivo en el examen de coronavirus. Desde entonces, todo fue más tenso en el penal que hasta este miércoles tenía 83 reos contagiados. A nivel nacional, son 100 los internos con la enfermedad en la red penitenciaria.
Cada sucesión de hechos en Puente Alto ha ido causando una preocupación que cada vez es mayor en los autoridades del Ministerio de Justicia y Gendarmería, por lo que el Departamento de Inteligencia de la institución ha sido clave para ir desactivando cada intento de caos o escape. Y así ocurrió este miércoles.
El martes en la noche, una denuncia anónima llegó hasta los agentes de Inteligencia penitenciaria, la que hablaba de un plan masivo de fuga por parte de internos de la Torre 1 del penal, misma unidad que el domingo intentó un motín.
El plan buscaba tomar de rehenes a los custodios, armar un masivo motín y aprovechar la instancia para huir. Sin embargo, dada la alerta por parte del denunciante, todo se frustró. Fue a las 12.10 de la tarde cuando internos del dormitorio tres (63 reos) de la Torre 1 (205 personas) redujeron a tres gendarmes, quitándoles el uniforme, dos armas portátiles y tarjetas de identificación.
Luego, amenazados con armas cortopunzantes, los llevaron a un sector en que no había cámaras, donde los tuvieron como rehenes por cerca de 15 minutos. Sin embargo, dado el conocimiento previo del plan, ingresó un pelotón de uniformados en rescate de sus colegas, logrando desalojar a la totalidad de los internos.
El director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, sostuvo que “estamos tomando medidas con los internos involucrados en esto. Hoy ya trasladamos a 10 internos involucrados a la Cárcel de Alta Seguridad, y no descartamos que traslademos más, todos con examen Covid-19 negativo, claramente, para no comprometer a la población que está allá en la CAS”.
Alveal agregó que los responsables del intento de motín “son internos con alto compromiso delictual, pertenecientes a bandas criminales y que no están en posición de una libertad condicional”. Agregó que “es una delincuencia dura y organizada que está en las cárceles, y que ha estado siempre, que requiere constantes mejoras”.
En cuanto al contingente de gendarmes, este se seguirá reforzando, dado que muchos se han ido contagiado con Covid-19 (son 83 los custodios infectados).
Plan epidemiológico
El Ministerio de Justicia anunció el envío de dos funcionarios del Ministerio de Salud para ser “gestores sanitarios”, con el objetivo de elaborar un “plan de manejo epidemiológico”.
El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, sostuvo que “para el gobierno es una prioridad controlar el avance de la pandemia al interior de las cárceles. Por ello, junto con las medidas que hemos tomado a nivel nacional, estamos haciendo esfuerzos adicionales para los casos más complejos, como es Puente Alto, donde no descansaremos hasta que todo esté bajo control”.
La crisis en el penal tiene dos aristas. En primer lugar, existe un grupo descontento porque no obtuvo el beneficio de indulto, pues esta medida solo aplicaba a imputados y condenados por delitos de baja intensidad. Ellos estarían liderando los desórdenes. Además, existe un segundo foco de preocupación por parte de los reos que no han sido examinados para saber si tienen Covid-19.
El martes, el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, visitó el penal, donde señaló que “hemos constatado que sigue habiendo problemas en materia de equipos de salud y remedios, y esa debiera ser nuestra nueva preocupación, pues estamos por velar por los derechos humanos”.
La tensión en el penal por ahora es alta. Así lo aseguró el secretario nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), Joe González: “La situación se le está escapando de las manos a la autoridad. Se entiende que la población penal esté preocupada por el coronavirus, pero eso no justifica sus acciones. Como gendarmes tenemos la obligación de mantener el control de los penales y eso no puede estar supeditado a la voluntad de los internos”.
