Tiempo que tardan las causas judiciales en lograr una condena se duplica en siete años

Más de cinco años han pasado desde que ingresó al Juzgado de Garantía de Temuco el denominado caso Operación Huracán, investigación en la cual el Ministerio Público formalizó a exfuncionarios de Carabineros por presuntamente colocar pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuche de actos terroristas. A pesar del tiempo que ha transcurrido, la causa aún no llega a su etapa final.

Este es uno de tantos casos que revela el lapso que puede tomar la tramitación de casos complejos, una realidad que se extiende en tribunales, según cifras del Poder Judicial, ya que el tiempo de resolución de las causas se ha duplicado durante los últimos siete años.

En el caso de Huracán, por ejemplo, el martes 7 de marzo la causa sumó un nuevo retraso. Y es que, durante esa jornada, el tribunal accedió a la solicitud de la nueva abogada del mayor de Carabineros Patricio Marín, quien solicitó 120 días para conocer los antecedentes de la causa. Sin embargo, el juzgado accedió finalmente a 90 días de plazo, en el que la nueva abogada del exfuncionario de la policía uniformada revisará los antecedentes de la investigación, que ya suma más de 900 pruebas, 300 testigos y 40 peritos.

Esto es sólo un ejemplo de la actual realidad de los tribunales. Según datos del Poder Judicial, los tiempos para lograr una sentencia, ya sea condenatoria o de absolución, han aumentado considerablemente. Esto, porque el período desde que ingresa una causa hasta que se logra una condena, ha pasado de 222 días que tardaba en promedio el 2015, a 472 el año pasado. Aquello refleja un aumento de un 112,6% en siete años (ver infografía).

Lo anterior sería el reflejo de una serie de elementos externos e internos del sistema de justicia que finalmente terminan produciendo el alto retraso de los procesos. Por ejemplo, en el caso Huracán, esta no es la primera vez que se retrasa y tras cinco años de formalizada la causa, aún no se puede dar inicio a la audiencia de preparación del juicio oral -etapa en la que se conocen las acusaciones y pruebas que se presentarán-. Esto, debido a una serie de postergaciones, las que incluyen cambios de abogados, e incluso, periodo de vacaciones de la magistrada que ve la causa.

Durante el 2022, según el Poder Judicial, se dictaron 136.236 sentencias, de las cuales 112.704 fueron condenas, el resto se dividió entre absoluciones y medidas de seguridad. La cifra considera un aumento respecto a los años anteriores, pero retoma el número de causas previo al 2020 y 2021, años marcados por la pandemia del Covid-19.

Al igual que el tiempo promedio de las causas que logran una condena, las sentencias absolutorias también aumentaron en los días que toman antes de obtener este resultado. Si el 2015 la tramitación se extendía -en promedio- por 379, el año pasado esa cifra llegó a 597 días (+ 57,5%). A juicio de los expertos, aquello demuestra que se trata de un incremento en los tiempos de tramitación generalizado.

La directora de derecho penal de la Universidad Diego Portales (UDP), Alejandra Castillo Ara, sostiene que se debe a múltiples factores, entre otros, “al colapso del sistema procesal penal por el aumento de judicialización y evidentemente de la carga de trabajo administrativo. También se puede deber a falta de dotación de personal o a dificultades en los procesos investigativos. Esto ha llevado a que con los recursos existentes se ha debido optimizar y, por cierto, priorizar aquellos casos que son más urgentes que otros”.

Opinión que confirma Javier Mora, vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), quien asegura que hay más causas “y no existe una proporcionalidad con el número de magistrados. Necesitamos más jueces”. Además de eso, advierten que esto ocurre “no sólo en materia penal, también en lo laboral y en lo civil, donde hay un stock de causas atrasadas por la suspensión de procedimientos durante la pandemia”.

En esa línea, la abogada penalista Joanna Heskia explica que se han ido creando “tipos penales sin considerar que se requiere invertir en el sistema de persecución. Por otro lado, tanto la fiscalía, la defensoría y los tribunales han caído en procesos y audiencias automatizadas, en las cuáles casi no tiene costo reagendar o extender las causas. Todo pasa por órdenes de investigar que no siempre son necesarias, diligencias y peticiones a organismos auxiliares que están demás, intervinientes que no están preparados, notificaciones y agendamientos mal hechos”.

Mauricio Duce, académico de la UDP, considera que se extendió el funcionamiento anormal del sistema de justicia tras la pandemia. Pero junto con eso, apunta que se ha producido “una mayor complejidad al menos de una cierta tipología de delitos, y cuando tienes mayor complejidad en ciertas categorías, te demoras más en investigarlo”.

Pero no es lo único, Duce también advierte que existe una carga de trabajo que genera un “cuello de botella” en los organismos que colaboran con las labores periciales de las investigaciones. Además de eso, apunta que existe “una pérdida importante de dinamismo y capacidad de innovación en la gestión de las causas de parte de los tribunales. Esto tiene que ver con que ha habido una enorme ritualización de los procesos, una cierta burocratización”.

El caso Huracán no es la única investigación que se ha extendido durante los últimos años. Casos como el de SQM -que investiga el presunto financiamiento ilegal de la política- ya suma ocho años de tramitación. Aquello, a juicio de los abogados consultados, dificulta el sistema de justicia, genera riesgos en el proceso y vulnera derechos de las personas que se persigue.

Castillo Ara cree que ha existido un abuso de la prisión preventiva de aquellas personas que esperan una sentencia. “Pasar en una prisión un año para alguien que es inocente es evidentemente atentatorio contra sus derechos fundamentales si esa persona sale libre y absuelta. Si resulta condenada, bueno, pues ese tiempo se abona, pero de lo contrario nadie resarce el daño causado a esa persona inocente”, explica.

Pero además de eso sostiene que si el sistema se ralentiza, “se les da prioridad a causas que lleguen con un querellante en juicio, porque ahí hay un problema más profundo y es que quien puede pagar un querellante tendrá un juicio más expedito, versus quien no lo puede hacer”.

El aumento en los tiempos de los casos judiciales era uno de los principales objetivos de la Reforma Procesal Penal. A más de 25 años de su implementación, aquello igual se logró de cierta manera.

Para Duce, quien formó parte del equipo técnico que creó dicha reforma, después de todo el tiempo desde que se implementó el sistema, no se ha hecho una evaluación ni se han aplicado cambios. “En una primera etapa hubo mucha atención al proceso de implementación, mucha innovación, los resultados fueron bastante espectaculares (...) este seguimiento del sistema se fue perdiendo, las instituciones no hicieron evaluaciones públicas, se perdió mucho dinamismo y las condiciones de trabajo comenzaron a deteriorarse, el sistema no evolucionó y todas esas ganancias han ido retrocediendo”, detalla.

El aumento en los tiempos para los casos, a su juicio, también genera un impacto en el propio Ministerio Público y en la persecución penal, porque se producen fenómenos como pérdida de pruebas, frustra las expectativas de las víctimas y tiene un impacto muy importante en la confianza del sistema.

A juico de la abogada Heskia, para lograr revertir esta situación “es necesario hacer investigaciones más eficientes, con peritajes y diligencias estrictamente necesarias y pertinentes y en sede judicial, hacer cumplir los plazos y audiencias. Que el no hacerlo tenga consecuencias para los responsables. Además, hay un serio problema con el procedimiento simplificado, el cual requiere de una intervención mayor”.

El académico de la UDP, por su parte, cree que no todos los cambios que se deben aplicar son legales, por ejemplo, “primero este es un tema al cual se le debe dar prioridad en el sistema para aplicar medidas más innovadoras en la gestión de los casos”. En esa línea, también se deben resolver esos “cuellos de botella” con los organismos colaboradores, plantea.

Además de eso, sostiene que se deben hacer algunas reformas legales que establezcan herramientas, sobre todo, para los casos complejos: “La tramitación de estos casos y sus juicios orales probablemente requieren de algunas reglas especiales que el código originalmente no contempló”.