La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de entregar la identidad de testigos protegidos en la causa que se lleva en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, la que calificó como un “error” y que “debe ser enmendada”.

La decisión se tomó en una audiencia de preparación, encabezada por la magistrada Viviana García, donde se resolvió entregar a la defensa de Llaitul la identidad de los cinco testigos protegidos que presentaría el Ministerio Público. Debido a esto, la fiscalía tiene un plazo de 72 horas para entregar la información, la que no deberá ser divulgada para quienes no sean intervinientes en la causa.

Al respecto fue consultada la ministra Tohá, quien desde el Congreso afirmó que “el Ejecutivo es querellante de ese caso y esto sucedió en la audiencia de preparación del juicio de varias que tienen que venir (...) los equipos del ministerio que son parte de este proceso están desde ya estudiando cuáles son las acciones o los mecanismos con los cuales se puede revertir esta decisión que no comparte el Ejecutivo y que considera que es un error que debe enmendarse en las audiencias que están por venir”.

Tras conocerse la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, el fiscal nacional, Ángel Valencia, arremetió contra la determinación y aseguró que “no estamos conformes”.

“Estimamos que no se ajusta al derecho ni tampoco a nuestras obligaciones legales, ni a las de todas las instituciones del Estado, en lo que se refiere a la protección de víctimas”, manifestó Valencia tras participar en la inauguración del año académico en la carrera de Derecho de la U. Católica de Temuco.

Asimismo, el líder del Ministerio Público, anunció que se seguirán los “cursos procesales” correspondientes, “porque no es una decisión con la cual nos conformemos”.

“Vamos a insistir en la necesidad de que, para evitar la impunidad en Chile y para asegurar la justicia en casos tan graves como ese, el testimonio de sus testigos sea oído por los tribunales”, manifestó.

Finalmente, insistió en el “deber legal” de “todas las instituciones del Estado de proteger a las víctimas de los delitos violentos”, ya que que el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional y la Fiscalía regional de La Araucanía “no van a cejar en el esfuerzo de proteger a las víctimas de los casos de delitos violentos en La Araucanía”.

Asimismo, recalcó en que se agotarán “todos los recursos, todos los medios con los que contamos: legales y procesales; para seguir protegiendo a las víctimas de la violencia en La Araucanía”.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirmó que existe la posibilidad de que los testigos protegidos no concurran a dar su testimonio.

A su juicio, la determinación “genera una situación de riesgo para la integridad física de los testigos y que los cohíbe de prestar declaración en el tribunal. Consideramos que la decisión del tribunal afecta la posibilidad de que los testigos comparezcan en la audiencia de juicio oral”.

De igual manera, Garrido adelantó que interpondrán un recurso de queja o de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco para resguardar la identidad de los testigos.

“Ejerceremos las acciones que correspondan, presentaremos los recursos, analizaremos la situación jurídica puesto que nuestro principal deber es dar protección a los testigos y poder asegurar de que comparezcan libremente al tribunal dando cuenta de la información que poseen”, afirmó el fiscal Garrido.