La ministra del Interior, Carolina Tohá, asistió la tarde de este martes a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para presentar la Política Nacional de Migración y Extranjería.

Según explicó la secretaria de Estado, el objetivo general “es promover una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país, que considere las necesidades de los territorios y que fomente la integración armónica de las personas migrantes, así como el respeto de sus derechos”.

Del punto de vista de la seguridad, la secretaria de Estado detalló que se basa en el “fortalecimiento de las capacidades de control de frontera”, “el control de la irregularidad con foco en las redes de trata y tráfico”. “tener modalidades de identificación biométrica y biográfica” y una “mayor eficacia en la aplicación de las sanciones”.

Sobre este último punto, la ministra dijo que “existen muchas modalidades de sanción, pero el tema es lograr su eficacia y lograr que tengan foco. Entonces, particularmente en la aplicación de sanciones y en la medida más dura que hay de sanciones en materia migratoria, que es la expulsión, que sea eficaz y que tenga foco. ¿Y cuál es el foco? Las personas con antecedentes penales”.

Uno de los puntos que generó más críticas por parte de los diputados de la oposición que integran la comisión fue aquel en que la titular de Interior explicó que uno de los ejes de la política “es el de la regularidad migratoria”. Según expresó, lo primero es “la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado en la gestión interna y la documentación de la población extranjera para asegurar la regularidad de las personas que entran al territorio nacional. O sea, son capacidades de control y también de verificación de antecedentes de las personas que entran”.

Así mismo, dijo que se buscan “mecanismos por los cuales las personas que ya están en el territorio puedan regularizarse, pero con modalidades acotadas, es decir, con criterios precisos” y además, “el otorgamiento de residencias regulares que prioricen las personas que desarrollan trabajos que en el país se requieren y que son de difícil cobertura”.

Y sostuvo que “se prioriza como tema transversal las garantías orientadas a niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, trata y tráfico de personas”.

Críticas de la oposición

El diputado independiente Johannes Kaiser, planteó que “no veo que la política migratoria que está proponiendo el gobierno esté de acuerdo con los parámetros económicos, sociales que puede ofrecer el país. De hecho, creo que está dañando a esos mismos parámetros, esas mismas posibilidades que tiene nuestro país de absorber y de entregar una calidad de vida más o menos decente”.

Por otra parte, dijo que “no veo una voluntad de impedir el ingreso de personas que no tienen derecho a entrar a Chile” y afirmó que “hemos perdido el control de comunas enteras en nuestro país, gracias a este proceso. Los sueldos han bajado, los arriendos han subido. La criminalidad está desatada, las cárceles inundadas por criminales de origen extranjero”.

El parlamentario de la UDI, Juan Fuenzalida, sostuvo que la Política Nacional de Migración “va en la tesis de los que nosotros dijimos, de que se venía un perdonazo”. “Y yo prefiero que se transparenten las cosas a que estemos en esta situación como de ‘en el camino vamos arreglando la carga’”, dijo.

También desde el gremialismo, Renzo Trisotti apuntó que hoy día va a ser “muy difícil generar una política de largo plazo cuando no tenemos un control efectivo en las fronteras” y manifestó su preocupación por una política en la que “hay lineamientos que no comparto, porque creo que se parte de presupuestos y que van a ser muy difíciles de poder sustentar en el futuro si es que no se toman medidas en el corto plazo”.

Por su parte, el diputado republicano José Meza expresó que la política tiene un enfoque que en su sector no comparten porque “parte de la base de que hay que regularizar” y que el país no tiene las “condiciones económicas” para recibir más migrantes. Además, dijo que “vamos a seguir con el problema todos los años de cuántos tenemos que regularizar (...) la gente está hasta acá de regularizar, ya no da más, porque ven que siempre quedan en último lugar para todo”.