Toma de San Antonio: ¿Cuánto cuesta el terreno y cuál es el nudo que hay que desatar para detener el inminente desalojo?

Tras la negativa de postergar el desalojo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó para el jueves 27 de febrero la fecha en que se llevarán a cabo las operaciones en la toma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela y donde actualmente residen 4.136 familias.

Ante esta situación, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, trabaja para intentar encontrar una solución antes del desalojo junto a los propietarios del terreno y la Subsecretaría del Interior. En esa instancia, el gobierno reafirmará que no existe la posibilidad de que el Estado adquiera los terrenos y defenderá la alternativa de las cooperativas de pobladores como vía para regularizar la situación de quienes habitan en la toma.

Sin embargo, para que la reunión tenga viabilidad, las familias organizadas en 60 cooperativas deberán estructurar una propuesta concreta de compra, un desafío complejo debido al alto costo del terreno y a las diferencias internas dentro del asentamiento.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, reconoció que uno de los principales obstáculos es el desacuerdo en el valor del suelo: “El Serviu tasa el predio en 0,58 UF por metro cuadrado, mientras que los propietarios piden 0,69 UF. Esa brecha es la que se debe negociar”, explicó en conversación con radio ADN. Según los dueños, el precio del terreno alcanza los 53,3 millones de dólares

Luego, Vera añadió que la gran preocupación es el conflicto social que se va a producir: “Son 4.000 familias, cerca de 10.000 personas en que ni la comuna y ni siquiera la provincia tiene las capacidades para albergar”, insistió.

“No hay infraestructura suficiente para atender el desplazamiento de estas personas. En esta toma hay niños, hay adultos mayores, mujeres embarazadas. Nosotros apelamos a la conciencia humanitaria de las partes que están involucradas”, explicó luego el jefe comunal en radio Pauta.

Sobre posibles salidas al problema, Vera señaló que “hay tres puntos críticos en la negociación, de los cuales dos ya están relativamente resueltos. Hay un punto que aún separa a las partes de un acuerdo y es el valor del metro cuadrado del terreno”.

El alcalde apeló a que debe existir un mayor plazo para desatar el nudo, “que yo estimo en unos seis meses”, aseguró Vera.

El edil expuso que “el propietario tiene decidido vender el terreno, pero el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, no puede adquirirlo porque sentaría un precedente para las más de 1.400 tomas que existen en el país”.

“Se ha llagado a la conformación de una federación de cooperativas de viviendas cerradas, que sería financiado vía crédito con garantía del Estado. Es una fórmula que se ha ido materializando después de muchas reuniones”, afirmó.

Pero entre los habitantes de la toma del cerro Centinela hay dudas.

La dirigente del campamento Verónica Morales señaló que dentro de la toma no hay consenso sobre el proceso de regularización: “Hay personas que no quieren legalidad, ni cooperativas, ni comités”, afirmó, agregando que de las 4.136 familias, alrededor de 3.200 estarían dispuestas a participar en la compra del terreno.