El hallazgo de pistolas ocultas en aparatos electrónicos que delincuentes intentaban ingresar al país a comienzos de año, fue el punto de inicio de la indagatoria por tráfico de armas llamada "Operación Houston" y que culminó esta semana con la desarticulación de una banda dedicada a internar armamento desde Estados Unidos.

Sin embargo, los primeros antecedentes de que este grupo estaba operando datan de octubre de 2015, cuando se descubrió una pistola escondida al interior de un auto de juguete.

Fuentes de la investigación indicaron que la reacción de Aduanas en esa oportunidad fue distinta a la mostrada en enero de 2018. Pese al hallazgo, decidieron retener la pistola Walther calibre .22 y no advertir el posible tráfico de armas al Ministerio Público o la PDI, como ocurrió en esta ocasión.

Así, existió tres años de diferencia entre un hallazgo y otro, que permitieron el ingreso de un número aún no determinado de armamento, el que la banda distribuyó entre narcotraficantes y asaltantes de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Durante este período, la pistola permaneció en dependencias de Aduanas junto a sus dos cargadores.

Esta arma y su nexo con la organización criminal fue advertida recién este año, luego de que la PDI solicitara a este organismo información sobre todas las encomiendas relacionadas a los presuntos traficantes. Allí se dio con este elemento, el cual había sido enviado desde Houston a Gabriel Contreras Quintanilla, hermano del Francisco Javier Contreras Quintanilla, alias "Chicoria", quien era el brazo operativo de la organización. Por este motivo, residió en Estados Unidos entre junio y diciembre de 2015.

Según reveló la investigación de la policía civil, en este período Contreras habría utilizado a sus familiares para que recibieran sus encomiendas.

Desde Aduanas, en tanto, explicaron que pusieron en conocimiento de este hecho a la Fiscalía Occidente. No como tráfico de armas, aunque sí como contrabando.

"Denunciamos el hecho al Ministerio Público como contrabando, que es aquel que estamos obligados por ley a realizar. No necesariamente el ingreso de armas al país constituye un ilícito de tráfico", indicó el subdirector de fiscalización de Aduanas, Javier Uribe, quien argumentó que el modelo de la pistola tiene permitido el ingreso al país, pese a que en este caso no se encontraba escrita a nombre del receptor de la encomienda, quien en definitiva nunca llegó a reclamar su contenido.

En este sentido, Uribe advirtió que el rol de Aduanas y el Ministerio Público, pese a que hay coordinaciones, es distinto. Agregó que la entidad para la cual trabaja tiene el deber de fiscalizar el ingreso de mercancías al país, en cuanto al pago de impuestos y de cumplimiento de la normativa.

Según explicó el abogado penalista Matías Kunsmuller "cualquier funcionario público tiene la obligación de denunciar la comisión de un delito. La calificación jurídica, si es tráfico de armas o un delito aduanero, no es un problema del funcionario público". En este sentido, aseguró que "si existió una denuncia, hubo una causa".

La Tercera consultó la Fiscalía Occidente sobre este antecedente. Sin embargo, descartaron referirse a una investigación en curso.

En tanto, el jueves, la Policía de Investigaciones y el fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, indicaron que el tráfico de armas fue detectado recién en 2018.