El pasado martes se dio a conocer que la Corte de Apelaciones de Valparaíso anuló el controversial juicio donde quedaron libres dos personas que habían sido detenidas en un control de identidad en Carabineros portando pistolas, un centenar de municiones y $4 millones en efectivo, en mayo de 2018.
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El caso generó un fuerte rechazo por parte del gobierno, el que presentó un recurso de queja contra el juez que dictó la orden, y generó duras declaraciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, provocando además un fuerte debate jurídico respecto de la decisión del tribunal.
De acuerdo con el recurso de queja presentado por el Ministerio del Interior contra el juez, hubo una "grave falta y abuso del derecho" en la resolución, porque "se restringió la posibilidad del Ministerio Público de formalizar la investigación de manera inmediata en la audiencia de control de detención de los imputados".
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Pero ¿cuál fue el procedimiento policial dónde se inició todo este conflicto?
Vidrios polarizados y portaequipaje
De acuerdo a la información recopilada por el Ministerio Público, el 28 de mayo de 2018, cerca de las 22.00 horas, personal de Carabineros realizó un control vehicular a un auto Mazda, modelo CX5 color plateado, manejado por Manuel Roberto Olivares Maldonado, y que tenía como copiloto a Nilson Omar Cerda Órdenes.
El hecho se produjo en el sector de Playas Blancas, más precisamente en avenida El Peral, el camino principal que une a dicha locación ubicada entre Las Cruces y Cartagena.
De acuerdo a la información de la fiscalía, debido a que el vehículo mantenía la totalidad de los vidrios polarizados, le pidieron al conductor que mostrara su portaequipaje. Al interior de éste, había una maleta de color negro de gran tamaño, y en su interior se encontró una gran cantidad de armamento.
Se encontró un revólver calibre .22, otro calibre .38 y una pistola calibre 7.65. Además, se hallaron 190 cartuchos de bala, los que abarcaban desde calibre 9 mm. hasta munición de magnum. Sumado a todo aquello, se encontraron $4.152.000 en efectivo.
De acuerdo a la investigación, estas circunstancias constituían los delitos de tenencia y porte de armas de fuego y municiones, y además el delito de receptación.
Finalmente, dicha detención sería declarada ilegal por el Juzgado de Garantía de San Antonio, más precisamente por el magistrado Juan Pablo Flores.
Según lo señalado en el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público por el fallo de primera instancia, Flores excluyó toda la prueba de cargo por considerar que "durante el procedimiento policial se vulneraron diversas garantías fundamentales de los imputados", entre ellos, "el debido proceso", la "intimidad y libertad ambulatoria".
