Siete fueron las interceptaciones telefónicas realizadas por la fiscalía que el Servicio Electoral (Servel) consideró relevantes para presentar una denuncia el 18 de marzo pasado, en el caso tragamonedas. En esta causa se investiga a exdirigentes de la asociación que agrupa a los dueños de las máquinas de juego de barrio, Fiden, por financiamiento ilegal de campañas políticas, fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.
Según la denuncia, en el primer análisis que hizo el Servel de los antecedentes enviados por el Ministerio Público no tuvieron resultados concluyentes relativos a la comisión de un delito electoral, por lo que pidieron más información a la fiscalía.
Según el documento, luego de revisar estos antecedentes y de contrastarlos con las revisiones de cuentas electorales, la Subdirección de Control de Gasto y Financiamiento Electoral pudo determinar la existencia de hechos que podrían configurar delitos contenidos en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 19.884.
El primer artículo sanciona a quienes entreguen u obtengan aportes para candidaturas o partidos políticos, cuyo monto exceda en un 40% lo permitido por ley. Y el artículo N ° 31 castiga al administrador electoral que en sus rendiciones de cuentas al Servel proporcione antecedentes falsos.
Esta acción legal del servicio era lo que la fiscalía necesitaba para seguir indagando, debido a que por ley solo puede investigar esta arista si recibe una denuncia de este organismo.
Uno de los denunciados es el expresidente de la Fiden Sebastián Salazar Bastidas, quien según la denuncia del Servel habla en una serie de conversaciones telefónicas sobre movimientos de dinero realizados a la cuenta de una candidatura y que está apoyando en varias de ellas.
Entre estos diálogos hay uno entre Salazar y Francisco León von Mühlenbrock, el cuñado de la diputada Erika Olivera, que participó en su campaña como asesor de contenidos y finanzas. León también fue denunciado por el servicio.
En esta conversación, dice la denuncia del Servel, hablan de inyectar recursos a publicaciones de redes sociales para mayor difusión de una campaña determinada.
Además, en otra escucha telefónica, Salazar y León dialogan sobre el dinero gastado en una candidatura y de lo conseguido por el también denunciado exvicepresidente de la Fiden Alberto Hadad.
Este último fue el administrador electoral de su padre, Nelson Hadad, excandidato a diputado. Además, dice la denuncia, Salazar y León conversan sobre la obtención de recursos provenientes del negocio de tragamonedas hacia la candidatura.
El cuarto acusado es el exdirectivo de la Fiden Isaac Latorre Ascui, quien según la denuncia se jactó de haber financiado campañas electorales municipales, sin especificar una en particular. Asimismo, señala en las escuchas haber financiado con $ 30 millones una serie de candidaturas.
El quinto denunciado por el Servel es Abdullah Jarufe Garrido, quien de acuerdo al organismo electoral comprometió recursos a una campaña. En esa grabación, dice la denuncia, Alberto Hadad le pidió aportes para la campaña mediante mecanismos irregulares.
Al respecto, el abogado de Salazar, Nicolás Oxman, señaló que "mi representado no aportó dineros. Solo participó como asesor de Erika Olivera. Las escuchas no hablan de aportes constitutivos de delitos. Está todo en regla". Agregó que "la participación de Salazar en la campaña de Olivera fue declarada conforme a la ley".
