El jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, desde hoy tiene luz verde para investigar presuntos delitos electorales en el marco del caso tragamonedas. Esto, luego de que el

Servicio Electoral (Servel) presentara una denuncia acusando la presunta existencia de financiamiento ilegal de campañas políticas.

Sepúlveda necesitaba que se presentara la acción legal por parte del Servel, pues por ley solo puede indagar esta arista si recibe una denuncia formal de este organismo.

En esta causa están imputados exdirigentes de la asociación que agrupa a los dueños de las máquinas de juego, Fiden, por financiamiento ilegal de campañas políticas, fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.

En este contexto fue que en agosto de 2018 funcionarios de la PDI allanaron 17 inmuebles ligados a la asociación. Entre estos, se encontraban las dependencias de su entonces presidente, Sebastián Salazar, y los inmuebles de quien era vicepresidente, Alberto Hadad. Además, la PDI ingresó a las residencias de exasesores del gremio, como las del exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett y la del exembajador chileno en Singapur Carlos Tudela Aroca.

Durante la investigación también la fiscalía realizó interceptaciones telefónicas por seis meses, las que comenzaron el 25 de octubre de 2017. En los diálogos, los policías escucharon menciones a políticos y sus campañas.

Toda esta información fue entregada al Servel en agosto pasado para que presentara una denuncia. Incluso, a raíz de estos diálogos, la fiscalía envió una solicitud de información al Servel, sobre cualquier proceso eleccionario en que hayan participado como candidatos Carlos Soto (alcalde de Rengo), Raúl Soto (diputado DC por el distrito 15), Andrés Jouannet (excandidato a diputado DC por el distrito 23), Nelson Hadad (excandidato a diputado DC por el distrito 11), Pablo Zalaquett, Erika Olivera (diputada por el distrito 9) y Carlos Tudela.

El 26 de diciembre, el Ministerio Público recibió un oficio del organismo, que informaba que no presentarían una acción legal, ya que no habría antecedentes de un financiamiento ilegal de campañas en el caso.

Luego, el 15 de enero pasado, según un oficio del Servel a la Cámara, el servicio pidió a la fiscalía "la remisión de antecedentes adicionales que ameriten un nuevo análisis", lo que fueron recibidos el 23 de enero.

Las conclusiones fueron comunicadas hoy: "El estudio de los antecedentes llevó al consejo directivo del Servel (...) a decidir la presentación de una denuncia por la eventual comisión de delitos electorales". Dijeron que el objetivo es que la fiscalía "investigue a cinco personas que habrían incumplido la Ley 19.884: Sebastián Salazar, Francisco León, Isaac Latorre, Abdullah Jarufe, Alberto Hadad Abuhadba".

Según la investigación, León es cuñado de Erika Olivera y participó en la campaña de la diputada como asesor de contenidos y finanzas. Además, tiene relaciones con Salazar, expresidente de la Fiden. Y Hadad Abuhadba fue el administrador electoral de su padre, Nelson Hadad, excandidato a diputado.

"Hay cinco personas. Una fue administrador electoral de un candidato, el resto son ciudadanos que de alguna manera por sus propios dichos puede establecerse que al menos ofrecieron, si no otorgaron, aportes ilegales", dijo el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santa María.

Mario Vargas, abogado de Hadad, dijo que "es preocupante que el Servel, en dos ocasiones, señale que no existen delitos electorales, sin embargo, debido a más insistencia del Ministerio Público y sin aportar nuevos antecedentes, cambie de opinión sin ningún argumento técnico que fundamentar dicho cambio".

En tanto, Marcelo Castillo, abogado del exdirector de Fiden Jaime Curihual, señaló que "en la carpeta de investigación no se menciona ningún financiamiento ilegal en concreto".