"De los antecedentes tenidos a vista no es posible determinar la comisión de algunos de los delitos establecidos en los artículos 30 y 31 de la ley en comento". Esta es parte de la respuesta que el Servicio Electoral (Servel) envió a la Fiscalía Oriente el pasado 20 de diciembre, luego de que el ente persecutor les pidiera su opinión respecto del caso tragamonedas. En esta indagatoria, el Ministerio Público investiga presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, fraude al Fisco, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas.

Por este último delito, la fiscalía envió en agosto antecedentes e interceptaciones telefónicas al Servel, que darían cuenta de la supuesta vinculación de exdirectores de la Fiden, asociación que reúne a los dueños de las máquinas tragamonedas, con el pago a financiar sus campañas. Lo que buscaba el Ministerio Público era que el Servel presentara una denuncia.

De hecho, a raíz de estos diálogos, la Fiscalía Oriente envió una solicitud de información al Servel, en relación a cualquier proceso eleccionario en que hayan participado como candidatos Carlos Soto (alcalde de Rengo), Raúl Soto (diputado DC por el distrito 15), Andrés Jouannet (excandidato a diputado DC por el distrito 23), Nelson Hadad (excandidato a diputado DC por el distrito 11), Pablo Zalaquett (exalcalde de Santiago y La Florida), Erika Olivera (diputada por el distrito 9) y Carlos Tudela (exembajador de Chile en Singapur y lobbista DC).

Luego de realizar su propia investigación, el Servel concluyó que "no obstante la existencia de relaciones comerciales entre algunos de los sujetos participantes de los diálogos y algunas de las candidaturas individualizadas en documento adjunto, dichas prestaciones no representan servicios inverosímiles para una campaña electoral promedio, por lo que los antecedentes que conforman el expediente de rendición de cuentas y de los aportados por la fiscalía, no es posible colegir su falsedad o simulación".

Por estas razones, el servicio señaló en su oficio al Ministerio Público que "por el momento, este servicio ha resuelto no hacer uso de sus facultades previstas en el artículo 32 de la Ley N° 19.884". Esto significa que la fiscalía no podrá indagar financiamiento ilegal de campañas, ya que este delito solo puede indagarse tras una denuncia del Servel.

Mario Vargas, abogado del exdirigente de la Fiden Alberto Hadad, dijo que "desde un inicio hemos señalado que no existía ninguna irregularidad en el financiamiento de la campaña electoral de mi cliente. La rendición de cuentas fue presentada al Servel en tiempo y forma, fue debidamente examinada y aprobada por este. Haberlo involucrado en esta investigación fue un acto desprolijo por parte del exfiscal Contreras (quien comenzó investigando el caso)".

Marcelo Castillo, abogado de Jaime Curihual, expresidente de la Fiden, señaló que "el Servel ha confirmado lo señalado por esta defensa, en cuanto a la inexistencia de los delitos de financiamiento electoral ilegal imputados a Fiden y a sus antiguos directores".