El 27 de abril fue un día oscuro para el país. Mientras en el sur, específicamente en Cañete, Región del Biobío, tres carabineros eran asesinados por desconocidos, en el norte, en Putre, Región de Arica y Parinacota, se registraba una tragedia que involucraba al Ejército.
La mañana de ese día, un grupo de 245 conscriptos de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco enfilaba una marcha por hostiles terrenos en altura con bajas temperaturas. Los soldados, jóvenes que llevaban dos semanas haciendo el Servicio Militar, notaron las dificultades al poco andar. Uno de ellos, Franco Vargas sufrió una descompensación y terminó perdiendo la vida.
Su madre, quien basa su información en la entregada por los compañeros de su hijo, dice que sufrió dos desmayos y fue golpeado por sus superiores. Según ella, murió de hipotermia. Los protagonistas afirman que los instructores militares les impidieron utilizar ropa de abrigo. Las versiones sobre la temperatura que había en ese entonces son contradictorias. La madre dice que había -15 grados, mientras que el Ejército señaló que hubo 7,9 grados a primera hora de la mañana. Otros 45 jóvenes terminaron con un cuadro infeccioso. Seis fueron derivados hasta el Hospital de Arica y otros dos fueron trasladados hasta Santiago.
Mientras la prensa se concentraba en el caso que enlutó a Carabineros, la madre de Vargas buscaba visibilizar el caso que cobró la vida de su hijo, un joven que entró al Servicio Militar de manera voluntaria.
Medidas de Defensa y remezón en el Ejército
Una de las primeras medidas dispuestas por la ministra de Defensa, Maya Fernández, fue solicitar al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, que viajara a la zona para conocer el caso en terreno.
“La cartera colaborará activamente en esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos”, indicó Defensa en un comunicado el 2 de mayo. Según la cartera, la ministra Fernández se encontraba en Cañete cuando se enteró del hecho. Por esos días comenzaron las comunicaciones entre la ministra y los altos mandos del Ejército.
El 3 de mayo, Eidelstein informó que tras la marcha, dos conscriptos de división en Putre “intentaron autoagredirse”. Fernández, luego, se reunió con tres de las madres de los conscriptos afectados.
El 6 de mayo, el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, relevó a los dos primeros oficiales, un capitán y un teniente coronel que estaban a cargo de la instrucción ese día.
Al día siguiente otros seis oficiales que participaron fueron relevados. Y ayer se conoció la última medida de Ejército, Iturriaga anunció la remoción de sus mandos de general de la Brigada Huamachuco, Rubén Castillo comandante en Jefe de la VI División, y la del coronel Sebastián Silva, comandante de la Brigada Huamachuco.
Ayer, en una vocería, Iturriaga hizo una dura crítica a los altos mandos del Ejército que entregaron la primera información del caso. “Es doloroso constatar que la información preliminar entregada, adoleció de falta de precisión, y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento, materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió”.
Piden la salida de Iturriaga
Fuentes de gobierno señalaron a La Tercera que el general Iturriaga “no ha sabido dar una respuesta efectiva” ante la muerte de Franco Vargas. Sus medidas han sido evaluadas por el Ejecutivo como “deficientes y tardías”.
Esos planteamientos se suman a los de la senadora Fabiola Campillai pidió su remoción en el Congreso. “No solamente tienen que dar de baja a las personas que estaban a cargo de los jóvenes, sino que también al comandante en jefe del Ejército”, dijo.
Sin embargo, ayer Iturriaga descartó su salida. “La evaluación de mi desempeño y de mi cargo está, como siempre, en el Presidente de la República”, afirmó.
En ese sentido, afirmó: “Se ha instalado una duda respecto de que estamos haciendo las cosas, tal vez ocultando información, tergiversando los hechos y eso no es así”.
Esta mañana, Iturriaga se reunió con la ministra Fernández en el Ministerio de Defensa.
Por último, ayer la Corte Suprema designó a una ministra en visita para indagar la causa: la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial Jenny Book.
Días antes, el Ministerio Público anunció que abrió una investigación que está a cargo del fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti.
