Tras la aplicación de millonarias multas por las consecuencias de la trágica explosión ocurrida en abril de 2018 en el Sanatorio Alemán de Concepción, las empresas sancionadas anunciaron que apelarán. Los montos fueron fijados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). La entidad fiscalizadora hizo el anuncio tras concluir la investigación.
El monto total de dichas multas ascendió a alrededor de $ 620 millones de pesos.
Gas Sur recibió la mayor sanción. Fue fijada en $531.883.000, por no mantener los estudios, documentos técnicos y planos de la constructora de la matriz interior de gas del centro asistencial. La SEC también la responsabilizó de no adoptar medidas adicionales de seguridad para proteger la matriz donde se produjo la fuga. El escape derivó en el mortal estallido.
"Esta situación implicó que no se adoptaran acciones reparatorias respecto a una situación de baja de altura. Recordemos que la matriz de gas en ese punto se mantenía a solo 5 centímetros de profundidad. Esta situación debió ser detectada en los patrullajes que realiza la compañía. También se incluye el cargo de haber abastecido a estas instalaciones no declaradas del sanatorio, en relación que la distribuidora de gas debe exigir en forma previa al suministro" explicó el director regional de la SEC en Biobío, Manuel Cartagena.
En tanto, la Clínica Sanatorio Alemán fue multada con $72.529.500 millones por no haber declarado dos instalaciones interiores de gas, modificadas por el recinto. Una era compuesta por cuatro mecheros y la otra con dos calderas. Ello, según el organismo, constituye una infracción a la normativa. El hecho no estaría relacionado al vencimiento del sello verde que tendría la clínica desde el 2016, aunque esto indique tener al día sus instalaciones.
"Este accidente era completamente evitable en relación a que cada una de las compañías hubiera cumplido con la parte que les correspondía. En el caso del Sanatorio Alemán, la sanción se basa en no haber declarado instalaciones que mantenía en uso. La situación del sello verde es adicional con haber declarado dos invitaciones que operaban en este recinto", precisó Cartagena.
Al mismo tiempo, la Constructora ISD tuvo una sanción de $15.037.783 millones. Ello por no haber coordinado excavaciones cercanas a las redes de gas.
Familiares: "No hemos recibido apoyo de nadie"
La fatídica mañana del 21 de abril de 2018, los trabajadores Rodrigo Bastidas y Víctor Hugo Salazar, junto a Alexandra Villegas, trabajadora de Starbucks, fallecieron debido a la explosión generada por la fuga.
"Es un proceso muy doloroso. No hemos tenido apoyo de nadie. La clínica nunca se ha acercado, y creo que el dinero no nos va a devolver a mi hermano. Nosotros queremos que los responsables paguen", afirmó Lilian Bastidas hermana de unos de obreros fallecidos.
Antonio Sáez resultó herido junto a su pareja el día de la explosión. Ambos visitaban a Camila Pérez en el local de la cadena de café cuando se produjo la detonación. "Son nueve meses, pero no hay ningún tipo de reparación a los que fuimos afectados. Es un poco desmoralizante, y es lo que hemos criticado. Tenemos una preocupación legítima que de alguna otra manera sea compense el daño que nos generó", dijo.
Gas Sur: "Impugnamos la sanción"
La empresa Gas Sur reaccionó en esta jornada. La firma indicó que fue multada por infracciones reglamentarias que no se vinculan con la causa de la explosión. La detonación fue "ocasionada por la rotura de la red de gas producto de intervención de terceros", aseveró. Por ello, la empresa anunció que ha "impugnado ante los tribunales de justicia la pertinencia de esta sanción".
De la misma forma, la Clínica Sanatorio Alemán señaló que el 7 de enero fueron notificados de la multa, que fue reclamada oportunamente por la clínica. "Nos deja conformes que, tal como se desprende de la resolución de la SEC, no existe relación alguna entre emergencia ocurrida el día 21 de abril y los supuestos incumplimiento que se no formular. Ello pues estos no se vinculan con la zona donde ocurrió la explosión".
La investigación de la SEC constituye una sanción administrativa. Paralelamente, el Ministerio Público desarrolla una indagación para las responsabilidades penales.
