Tras dichos del líder de la CAM: Siches llama al Ministerio Público a cursar una investigación “con las distintas querellas que están en curso”

La ministra del Interior, Izkia Siches, abordó esta mañana la decisión del gobierno de no interponer una nueva querella en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, tras la serie de declaraciones que ha realizado durante los últimos días, y que han causado rechazo y preocupación entre diversos sectores.

Tras informan sobre la detención de 25 imputados que integraban una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, la jefa de gabinete explicó que “como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta”.

En esa línea, reiteró el rechazo por parte del Ejecutivo hacia afirmaciones “que intenten llamar a la violencia o que nuevamente, porque esto ha sido reiterado en el tiempo, o intenten provocar no solo a nuestro gobierno, sino que también a los pasados en el contexto de lo que vivimos en el sur”.

Además, afirmó que -tras los dichos del líder de la CAM- existe “una estrategia de posicionamiento”, por lo que es necesario que “los poderes establecidos podamos visualizar eso y entender que los liderazgos en La Araucanía, quienes están detrás del crimen organizado (...), no son solo un interlocutor, sino que son mucho más”.

“En eso tenemos que actuar coordinadamente con las policías, con el Ministerio Público, con las distintas entidades para enfrentar policial y políticamente lo que enfrentamos en el sur”, sentenció.

Las palabras de la secretaria de Estado se dan luego de las recientes reivindicaciones en actos de sabotaje y quema de maquinaria por parte del comunero mapuche. La semana pasada, durante una entrevista, Llaitul aseguró que la forma de “vengar” la muerte de Pablo Marchant -quien también integraba la CAM y falleció el 9 de julio de 2021 durante un enfrentamiento con Carabineros en Carahue- era mediante la lucha “contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día está en el Wallmapu”.

En ese marco, afirmó que “ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi, y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivos acumular fuerza desde una línea estratégica”.

Este lunes, en tanto, el líder de la CAM volvió a señalar que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, específicamente hacia “insumos” y “maquinarias”.

Pero lo cierto es que sus dichos alertaron al mundo político y a grandes empresarios, quienes emplazaron al gobierno a reaccionar “en forma inmediata”.

No obstante, La Moneda decidió no querellarse y fue la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien el martes por la noche explicó que desde el Ejecutivo no interpondrían una nueva acción penal. “En la medida que haya acciones constitutivas de delito, se suman a las investigaciones en curso”, afirmó la secretaria de Estado en diálogo con CNN Chile.

Sin embargo, ese mismo día, pero horas antes de conocerse la decisión del gobierno, el fiscal nacional, Jorge Abbott, explicó que para poder investigar e invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE) se requería de una nueva querella por parte del gobierno.

“La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, una denuncia, una querella por parte del gobierno”, precisó Abbott.

Asimismo, detalló que ante una eventual “ausencia” del gobierno frente a una posible querella, la fiscalía “eventualmente, si ese tipo de conductas es constitutivo en un delito distinto, es probable que producto de la reserva de nuestras investigaciones pueden ser agrupadas investigaciones actualmente vigentes”.

El fiscal, además, precisó que actualmente existe una investigación vigente en contra del comunero mapuche, en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, pero que fue ingresada en enero de 2020.