Luego de que la presente jornada la Superintendencia de Medio Ambiente formulara cargos contra la empresa Gasmar por incumplimiento de la normativa, la empresa salió a entregar su versión de los hechos, asegurando que sus eventuales incumplimientos no tienen relación con la crisis que se vive en la zona de Quintero.
Según consignaron en un comunicado "el cuerpo de los cargos se funda en inspecciones realizadas en los meses de enero y julio del pasado año 2017 al sistema de antorchas de nuestra planta", por lo que descartan que las situaciones que motivan la investigación en su contra, tengan incidencia en los episodios de contaminación registrados en la zona de Quintero y Puchuncaví.
En ese sentido, consideran fundamental hacer hincapié en que la propia Superintendencia indicó que los antecedentes reunidos a la fecha, "no revisten de carácter significativo a la salud de la población de los centros habitados de Puchuncaví y Quintero".
De esta forma, manifiestan que evaluarán los pasos a seguir, reiterando que "no existe evidencia de ningún tipo que relacione nuestros supuestos incumplimientos con los episodios recientes que han afectado nuestra cuenca".
Postura de la SMA
De acuerdo a las diligencias realizadas por el ente fiscalizador, Gasmar habría incumplido una medida establecida en su autorización ambiental destinada a eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto.
La Superintendencia detectó "deficiencias en el funcionamiento del sistema de antorcha en relación a un flujo de gas barrido y de gas piloto, inferiores a lo comprometido en la RCA que regula esta actividad".
Además, y pese la postura planteada por la empresa, en la formulación de cargos dejan en evidencia que las fiscalizaciones se realizaron el 19 de enero de 2017, el 18 de julio de 2017 y luego de que se desatara la emergencia del pasado 21 de agosto.
En el documento de 28 páginas, aseguran que tras la intoxicación de las decenas de personas, "a partir del 22 de agosto, se inició un proceso sistemático de fiscalizaciones, que comprendió 10 unidades fiscalizables ubicadas en la bahía".
En el marco de dicho proceso, la Superintendencia habría realizado cinco inspecciones en las instalaciones de Gasmar, con fechas 28, 29 y 31 de agosto, y los días 1 y 2 de septiembre.
Adicionalmente, los representantes legales de la empresa declararon ante la entidad el pasado miércoles 29 de agosto, alrededor de las 15.00 horas, según confirmaron fuentes cercanas al organismo a La Tercera.
