Diversas repercusiones ha tenido en las últimas horas la decisión del Juzgado de Garantía de Los Vilos que accedió a la solicitud de las defensas de cinco imputados vinculados al Tren de Aragua y cambió la medida cautelar de prisión preventiva en que se encontraban hace más de seis meses por el arresto domiciliario total, tras el pago de una fianza de $5 millones.
La medida benefició a los integrantes de la banda, principalmente de origen venezolano, que habían sido detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) e imputados por el delito de asociación ilícita y secuestro agravado.
Y aunque la Corte de Apelaciones de La Serena revirtió la decisión del tribunal y ordenó mantener la prisión preventiva de los imputados, estos no fueron encontrados en los domicilios donde debían estar cumpliendo su arresto. Solo uno de los sujetos se entregó voluntariamente en la PDI de la Región de Coquimbo.
En este marco, los dardos apuntaron al abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto, quien representó a la Fiscalía en la audiencia de revisión de cautelares, en donde, según la jueza Daniella Pinto, no habría tenido los antecedentes suficientes para fundar la necesidad de mantener tras las rejas a los presuntos secuestradores.
La modificación en las medidas levantó una serie de cuestionamientos de parte, incluso, del gobierno. Además, generó que el Ministerio Público abriera una investigación administrativa.
Asimismo, se dejó en evidencia que Los Vilos cuenta con un solo fiscal para llevar los casos locales, por lo que los abogados asistentes muchas veces deben cumplir parte de sus roles, como en esta audiencia en particular.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, afirmó que se deben buscar responsabilidades en esta situación que dejó en libertad a cinco presuntos miembros de esta organización criminal internacional, pero destacó que desde 2021 viene advirtiendo de los graves problemas de sobrecarga que tienen algunos persecutores a lo largo del país, especialmente en aquellas localidades donde existe un solo fiscal.
“Evidentemente aquí hay una situación que es grave y si hay responsabilidades tienen que hacerse efectivas”, sostuvo Bravo, quien asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Fiscales en 2021.
Sin embargo, indicó en declaraciones a radio Pauta, que “desde el 2021 yo tengo absoluta claridad de haber conversado con las autoridades de la institución, con el fiscal nacional de la época, y haberle dicho: ‘mire, aquí hay un problema grave de sobrecarga en algunas regiones”.
Agregó que tal escenario fue ratificado por un estudio de carga laboral realizado por la propia asociación que lidera.
En tal documento “dijimos, Arica y Parinacota, pusimos el caso de Alto Hospicio, un caso dramático, pero también pusimos el caso de Los Vilos”.
“Recuerdo perfecto que, apropósito de esta idea de crear una especie de unidad de flagrancia nacional, pusimos el ejemplo de Los Vilos como un caso de un fiscal que estaba absolutamente colapsado”, indicó el fiscal Bravo.
