Luego de que el Tribunal de Garantía de Villarrica no acogiera esta jornada la cautelar de prisión preventiva y dejara en libertad al comerciante Mauricio Briceño, acusado de la muerte del comunero mapuche Eloy Alarcón Manquepán en el marco de una disputa por tierras registrada el 4 de junio pasado, la abogada querellante Karina Riquelme anunció que apelará la resolución del juzgado, al afirmar que el Ministerio Público realizó de forma “ineficiente” su investigación y actuó de forma “racista” durante la audiencia de formalización.

Esto, luego de que la Fiscalía de La Araucanía formalizara a Briceño como autor de homicidio simple, aunque sin solicitar su prisión preventiva, en el entendido que las pruebas recopiladas hasta la fecha hacen pensar de que el imputado podría haber actuado en legítima defensa, luego de que este afirmara que vio amenazada su vida ya que, asegura, Eloy Alarcón habría intentado atacarlo con un hacha.

El tribunal, al acoger la tesis actual de legítima defensa, dejó en libertad a Mauricio Briceño, aunque para dilucidar cómo transcurrieron efectivamente los hechos, fijó en 90 días el plazo de la investigación.

La abogada Riquelme había solicitado la máxima cautelar tras acusar al imputado por los delitos de homicidio, amenazas, disparos injustificados y porte de arma de fuego.

“Vamos a recurrir de apelación respecto de esta resolución”, indicó la jurista. “Es un hecho, además, que nostros responsabilizamos al Ministerio Público por la ineficiencia en la investigación y además por el racismo con el que expuso la formalización, dejando claramente a quienes son víctimas casi como imputados, lo que nos parece grave, no concentrándose en el hecho más grave que fue la muerte de Eloy Alarcón Manquepán”, indicó Riquelme tras la audiencia.

Por su parte, el vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Luis Torres señaló que “el Ministerio Público, después de analizar los antecedentes, decidió no solicitar la medida cautelar de presión preventiva, por estimar que existen indicios en la concurrencia de un eventual legítima defensa”.

Añadió que “esta es una investigación abierta, en la cual se deben desarrollar diligencias tendientes a acreditar la existencia o virtual existencia de los elementos eximentes de responsabilidad penal”.

Finalmente, el defensor penal público Roberto Winter celebró la resolución de esta jornada, al señalar que durante la audiencia “se aportaron una serie de antecedentes que fueron absolutamente favorables y que se ventilaron en el día de hoy en la audiencia de formalización y solicitud de medidas cautelares. La posición de la defensa fue acreditar, como lo hemos venido diciendo desde un principio, una legítima defensa, que es lo que resolvió el tribunal, que se cumplían con todos los requisitos, hasta el minuto, de esa legítima defensa”.

Al respecto, indicó que “se solicitaron al Ministerio Público 19 diligencias, todas pertinentes para seguir corroborando la tesis de la defensa” y que “estamos analizando, en virtud de el resultado de esas diligencias, el sobreseimiento definitivo de la causa”.