Tras más de mil reclamos, Superintendencia de Educación Superior endurece fiscalizaciones para forzar que establecimientos retomen presencialidad

En algunos casos, hay planteles universitarios que llevan más de un año sin tener clases presenciales. Algunas prácticas y talleres han asomado en los mejores momentos de la pandemia, pero la educación a distancia ha sido la tónica.

Según datos de la Superintendencia de Educación Superior (SES), han sido más de mil las denuncias que han ingresado a sus registros relacionados exclusivamente con las clases online. Desde el 1 de marzo al cierre de esta nota, eran 531 reclamos asociados a razones académicas, 224 de financiamiento y 337 vinculadas al incumplimiento de prácticas profesionales, donde el área de la salud es por lejos la que más reclamos concentra en ese último aspecto, con el 68,5%.

¿De dónde provienen las denuncias? El 35,49% desde las universidades, 59,87% de institutos profesionales y 4,64% de centros de formación técnica.

Aquellas quejas y que el Paso a Paso haya flexibilizado sus normas llevó a la SES a tomar la decisión de endurecer las fiscalizaciones para que las instituciones de educación superior retomen las actividades presenciales en la medida que las fases del plan lo permitan.

Así, la entidad ofició el 12 de julio a los diversos planteles informando de la aplicación de un segundo plan de fiscalización sobre prestaciones de servicios educativos en el contexto del Covid-19, para la totalidad de instituciones del país (el primer plan concentró su acción en 15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica; un tercio del sistema y 53% de la matrícula total).

¿La idea? Verificar que las instituciones que originalmente convinieron con sus estudiantes tener clases presenciales retornen a dicha modalidad mientras el Paso a Paso lo permita, desde Fase 2 en adelante. Además, revisar la planificación que dichos establecimientos tienen para el segundo semestre de 2021y su adaptación al avance de fases, conocer el estado del cierre académico de 2020 y primer semestre de 2021 y verificar que cuenten con protocolos de seguridad sanitaria. A todo esto sumará la exigencia de una actualización mensual con información relevante que será pública a la ciudadanía.

Si es que las instituciones estuvieran en condiciones de retornar y no lo hicieran, la SES podría instruir los procedimientos sancionatorios que correspondan y aplicar lo que la ley establece. “Si se determina que hay instituciones que pudiendo reanudar las actividades académicas presenciales, según lo dispuesto por el plan Paso a Paso y las directrices entregadas por este organismo fiscalizador, no hayan contado con una planificación adecuada para ello o no hayan ejecutado las medidas necesarias para normalizar de manera progresiva la modalidad de enseñanza convenida originalmente con sus estudiantes, esta Superintendencia podrá instruir los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan, los cuales de acuerdo a la ley pueden terminar con sanciones de hasta 1.000 UTM por cada incumplimiento contractual acreditado”.

“El plan de fiscalización cuenta principalmente con dos tipos de acciones: el requerimiento de información general a todas las instituciones, la cual deberá ser actualizada periódicamente; y las acciones específicas de fiscalización. Estas últimas serán ejercidas en aquellos casos en que la Superintendencia requiera contar con mayores antecedentes respecto a las materias del plan, o bien, cuando se tome conocimiento de reclamos y denuncias presentados por parte de las comunidades educativas”, se explayan desde la SES. Para esto, ahondan, “el plan establece que las instituciones deberán ser notificadas previamente, especificándose, por ejemplo, el detalle de los antecedentes requeridos, las actividades que se realizarán, así como la fecha de la fiscalización en terreno, en caso de que corresponda”.

Sin embargo, si bien desde las universidades celebran las fiscalizaciones, dicen también no estar del todo claros en el detalle. “La ley lo define así, así es que es difícil que uno pueda estar en desacuerdo con estas fiscalizaciones. Lo que uno espera es que haya cierto criterio para hacerlas y lo más complejo que he notado es que nos piden los 15 de cada mes información y eso significa que tenemos que estar preocupados de preparar informes. Es un tema que tenemos que conversar con el superintendente”, señala Aliro Bórquez, rector de la UC de Temuco y presidente del G9, que agrupa a las universidades públicas no estatales. “Creo que hay voluntad de las universidad de retornar y no quiero sentirlo como una amenaza”, expone.

Claudio Elórtegui, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, coincide: “Se recibió un oficio en que se nos anuncia esto y me parece razonable que esta nueva entidad creada por ley en 2018 exprese su preocupación, de acuerdo a que gradualmente, según las diversas situaciones de instituciones y comunas, se hagan esfuerzos para retomar de forma gradual más actividades presenciales”. Advierte, eso sí, que “no está del todo claro qué va a significar o cómo se va a realizar”.

Y ahonda: “Los aspectos más específicos es lo que uno no conoce, el cómo se va a implementar no se sabe mucho y la realidad de cada institución es distinta, la realidad de cada estudiante también. El objetivo es compartido en el sentido de poder ir avanzando hacia una mayor normalidad, pero eso tiene que ser gradual y dejando en claro que aún no hay condiciones para volver totalmente a la presencialidad”.

En tanto, desde la Universidad de Chile la vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Deves, dice que, como institución pública, es “nuestra costumbre dar cuenta de lo que hacemos y, desde luego, esto incluye el cumplimiento de nuestros compromisos formativos. El retorno gradual a la presencialidad, que estimamos muy necesario, requiere de una cuidadosa planificación para asegurar las mejores condiciones tanto académicas, como sanitarias”.

Por ello, agregan, “la información requerida por la Superintendencia de Educación Superior está disponible. Esta planificación incluye no solo actividades académicas, sino también la apertura de espacios de convivencia fundamentales para aportar valor a la experiencia universitaria”.

Desde la SES explican que los establecimientos deberán contar con un protocolo sanitario que permita un retorno seguro y priorizando las actividades en que la presencialidad sea especialmente importante. En esa línea, las subsecretarías de Educación Superior y Salud Pública desarrollaron una actualización del documento sobre recomendaciones para la realización de actividades presenciales en instituciones de educación superior -el protocolo oficial de regreso a clases-, el que por medio de un oficio ya están dando a conocer en dichos establecimientos.

En ese documento, al que tuvo acceso La Tercera, se detalla que las actividades presenciales podrán llevarse a cabo resguardando, cuando sea posible, el distanciamiento físico de un metro lineal, sin límite de aforo. Se pide, además, la utilización permanente de mascarilla y una ventilación adecuada de espacios.

Lo novedoso es que establece la posibilidad de que aquellos alumnos que residen en comunas que estén en Fase 1 puedan desplazarse a instituciones que estén en Fase 2 o superior, siempre portando el Pase de Movilidad. Así también señala como obligatorio el registro de todos los asistentes a las actividades de carácter presencial, pensando en posibles trazabilidades por casos de Covid-19.

“La falta de presencialidad en las instituciones de educación superior ha tenido diversos efectos negativos. Los menores aprendizajes, el desarrollo más limitado de competencias e incluso las titulaciones postergadas son algunos de ellos, elementos que en todo caso podrían recuperarse. Sin embargo, lo que es mucho más difícil de recuperar y que además tiene un impacto profundo en las personas es la salud mental de las comunidades, especialmente la de los estudiantes”, señala el subsecretario de Educación Superior Juan Eduardo Vargas.

Por eso, argumenta, “diferentes estudios han arrojado cifras preocupantes al respecto, y es por ello que se vuelve un deber imperativo, de carácter ético, que las instituciones realicen sus máximos esfuerzos por retomar decididamente y en la mayor escala posible las actividades presenciales, a contar de este segundo semestre”.

Desde Temuco, el rector Bórquez asegura que lo que “no podemos garantizar es un retorno masivo, porque hay una complicación logística. Queremos retornar progresivamente en la medida que las condiciones vayan mejorando”.

Por eso, dice el rector Elórtegui, desde la UC de Valparaíso, creen que “no puede ser obligatorio para los estudiantes, porque hay algunos de regiones y hay que tomar en consideración estas realidades específicas, por eso lo híbrido ha funcionado”.