Juan Carlos Manríquez, abogado de la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, desmintió las denuncias hacia la magistrada que hicieron que los cargos en su contra aumentaran.
El pasado lunes 16 de septiembre, durante el pleno de la Corte Suprema, el cuaderno de remoción en contra de la magistrada se amplió por “presuntas irregularidades en la tramitación de ocho causas”, según comunicó entonces la ministra Gloria Ana Chevesich.
En la instancia, cuatro relatores de organismo, dieron cuenta de “incumplimientos de las normas y criterios existentes” por parte de Ángela Vivanco.
En declaraciones a El Mercurio, la ministra Gloria Ana Chevesich ahondó en por qué los relatores presentaron su denuncia esta semana y no antes. “Si la denuncia recién se produjo respecto de hechos ocurridos en el pasado, solo se explica, en mi concepto, porque ‘venciendo el temor reverencial’ y también la ‘amenaza de posibles represalias’ estimaron que la Comisión de Ética estaba realizando un trabajo serio, que serían escuchados y luego se tomarían medidas al respecto”.
Al respecto, el abogado Manríquez aseguró que “no es efectivo que los relatores de la sala no tenían oportunidad de manifestar sus inquietudes sobre situaciones que les parecieran irregulares. De hecho, la ministra Vivanco dice que personalmente recibió quejas de estos acerca de conductas de la digitadora de la sala y el presidente señor (Sergio) Muñoz acerca de tratos de otro ministro de la sala, tanto respecto de tales relatores como de las personas encargadas de estudios”.
“Referirse a eventuales represalias frente a manifestaciones de inquietud no tiene ninguna relación con la conducta de nuestra representada, que siempre trató al personal de la sala y de la Corte con respeto y consideración y solo se limitó a solicitarles aquello que les correspondía hacer de acuerdo a sus cargos y responsabilidades, tanto como ministra como presidenta de sala cuando le correspondió ejercer ese cargo. Que una ministra pida informes a la unidad de estudios para mejor resolver una causa o esté al tanto de los criterios para fallarlas debiera ser una nota a destacar en el buen desempeño de la judicatura”, prosiguió el jurista.
Asimismo, la defensa de la magistrada cuestionó las condiciones en las que los relatores entregaron sus testimonios: “¿Quién y cómo se interrogó a los relatores? ¿Cuál era el miedo que superaron? Fueron preguntas cerradas o sugestivas, cómo poder saber a qué tipo de interrogatorio fueron sometidos los relatores, cómo se dijo”.
“Es lícito preguntarse ¿estos relatores declararon con miedo ante la Comisión de Ética? ¿Quien filtró sus nombres a los medios? ¿Se pensó en cómo se verá su trabajo en otras salas, si les presenta cómo ‘testigos protegidos’ de supuestos excesos?”, añadió.
Bajo esa línea, Manríquez aseveró que la ministra “jamás solicitó hacer nada que signifique una irregularidad, como se detallará en nuestra defensa”.
“Nos llama la atención que la Corte Suprema ofrezca garantías a declarantes de la propia Corte para agregar nuevos cargos a un proceso de remoción abierto, sin indagatoria de la afectada y sin ninguna configuración de una causa concreta, manteniendo un procedimiento que en realidad se ha transformado en uno distinto a su fin natural”, argumentó Manríquez.
El proceso, en palabras del jurista, “pareciera una infracción evidente al debido proceso y podría ser tomada por la comunidad como el solo afán de expulsar a un miembro del Alto Tribunal más allá de un juicio en el cual la ministra cuente con igualdad de armas”.
“En este caso el Acta 108 no está siendo aplicada y el Acta 262 no contempla ni permite el uso de testigos secretos, ni menos la entrega de minutas o extractos de declaraciones sin hacer constar su fuente ni la integridad de una evidencia que no tenia por fin formular cargos, alterándose así el fin y función de tales procedimientos”, concluyó.
