La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) junto a otras organizaciones depusieron -luego de ocho meses- la toma de dos edificios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y anunciaron la entrega de los recintos a la asociación de funcionarios del organismo estatal, tras llegar a una acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La ocupación de los inmuebles se inició en julio del año pasado, cuando la organización estudiantil exigió la liberación de los denominados “presos de la revuelta” y criticó el rol del organismo en la correcta investigación sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social.
“Tras la respuesta que nos entregó el gobierno, mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, decidimos acoger las garantías y entregar el edificio a los trabajadores del INDH, a quienes estuvieron en las calles como testigos y muchas veces víctimas de la represión policial”, señalaron la Aces y las demás organizaciones a través de una declaración pública.
Las tratativas para lograr una desocupación de las dependencias del INDH avanzaron con mayor celeridad después de que asumiera el Presidente Gabriel Boric y se sumara a las negociaciones la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Andedh), luego de que los ocupantes no vieran como un interlocutor válido al director del instituto, Sergio Micco, y lo excluyeran de las negociaciones por considerarlo, además, parte del problema.
La organización estudiantil apuntó en su declaración tanto a Micco como a los miembros del directorio del organismo, acusándolos de que “trabajaron incansablemente por boicotear cada instancia de diálogo propuesta”. La Aces también imputó un “pacto de silencio” entre el director y el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, en momentos en que los funcionarios del instituto realizaron un informe sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social.
Luego del anuncio, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, afirmó en CNN Chile que esto es “gracias a un diálogo producido con los y las trabajadores del Instituto y que, en el cual, la subsecretaria (Haydée Oberreuter) ha oficiado de mediadora entre las partes. Nosotros estamos convencidos que la manera de resolver los conflictos es a través del diálogo”.
“Pensábamos que esto era una situación insostenible para todos los involucrados. Sabemos que esto era extremadamente costoso para las víctimas que estaban ahí y para las organizaciones. Y para una institución clave para la defensa de los derechos humanos”, manifestó la ministra, quien aseguró que anteriormente no se habían generado instancias de diálogo para dar término al conflicto.
Instauración de mesa de trabajo para “reparación integral”
Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Andedh) del INDH, Luis Guerrero Paredes, entregó detalles a La Tercera de los acuerdos que dieron por finalizada la extensa ocupación.
De acuerdo al dirigente, fue a inicios de marzo cuando se pusieron en contacto con la Subsecretaria de DD.HH. y los ocupantes de la toma para generar un diálogo y para atender parte del petitorio de los participantes de la medida de presión, que incluía la libertad de los denominados “presos de la revuelta”, además de “justicia, reparación y garantías de no repetición”.
“Esto sirvió para obtener la confianza y las garantías de parte de la Subsecretaria de que se abriría una mesa de reparación integral, en la que se garantizó la participación de todas las personas que tengan la voluntad de hacerlo, lo que ya es una garantía de participación activa, de acorde al estándar de internacional de Derechos Humanos”, explica Guerrero.
Además, destacó que se logró establecer una mesa de trabajo interministerial e integral, “abordando materias de educación, trabajo y salud, lo que es tremendo aporte para constituir una reparación integral, que no solo tenga un énfasis monetario”.
Respecto a la documentación que en su momento se temió se viera vulnerada por la ocupación, Guerrero aseguró “participé personalmente en el proceso de entrega de los archivos Valech (...) fuimos garantes de ese proceso y podemos garantizar que no hubo ningún contacto entre los ocupantes de la toma con esos archivos. La información siempre estuvo bajo resguardo”.
El término de la toma -en la que también participaron otras organizaciones, como los Sobrevivientes de la represión estatal, Víctimas de trauma ocular, Familiares de presos políticos, Coordinadora de víctimas de perdigones, Organización de familiares de presos políticos y la Coordinadora Libertad, Justicia y Reparación- se da a un día de expirar el plazo que dio la Contraloría para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tomara el control de sus sedes ocupadas.
