El tribunal decidió mantener el arresto domiciliario total en contra de Cathy Barriga, quien está siendo investigada por delitos de fraude al Fisco mientras ejercía como alcaldesa de Maipú entre 2016 y 2021. En la audiencia de revisión de cautelares, la Fiscalía Metropolitana Oriente presentó nuevos antecedentes para reformalizar a la acusada por un nuevo delito de falsificación de información, instancia que quedó fijada para el 13 de septiembre.
Pese a que la defensa de la exjefa comunal apeló a una medida cautelar menos gravosa, la magistrada Macarena Figueroa desestimó sus argumentos y decidió mantener el arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados y testigos.
Además de la discusión de las cautelares, el ente persecutor sumó nuevos elementos a su acusación contra Barriga para la reformalización. La fiscal que lideró la exposición del Ministerio Público, Constanza Encina, rebatió el argumento de la defensa, quien aseguró que su representada no había incurrido en gastos improcedentes y que, acorde a su relato ante la jueza, los millonarios montos fueron utilizados en la ciudadanía.
La persecutora expuso un informe realizado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Maipú, en el que dan cuenta sobre los gastos que fueron presentados por el municipio en la cuenta pública versus los gastos reales de cada periodo. Dichos registros fueron enviados por la Municipalidad de Maipú a la Contraloría, lo que significa, acorde a la fiscalía, que entregaron información falsa al organismo.
“Es algo de la mayor gravedad, porque la Contraloría es el ente encargado de fiscalizar y detener este tipo de situaciones. Si uno le entrega información falsa a la Contraloría, no tenemos cómo saber qué pasó, no tenemos cómo detener lo que está ocurriendo a tiempo”, afirmó la fiscal.
En concreto, señaló: “En 2018, se presentaron menos $5.900 millones de gastos. En 2017, menos $6.800 millones. En diciembre de 2021, menos $20.700 millones de gastos que fueron informados a través de un oficio a la Contraloría General de la República con estados financieros que tienen incluso la firma y timbre en color dorado de la alcaldesa en cada una de las páginas de la situación financiera del municipio”.
Nuevos antecedentes de la fiscalía
La fiscal relató el testimonio de cuatro funcionarios de la municipalidad que declararon como testigos ante el Ministerio Público, entre ellos, el que era en ese entonces encargado de Administración y Finanzas.
En su palabras, cuenta que en 2019 asumió como director subrogante y se encontró con una administración “completamente desfinanciada” y que no tenían recursos “suficientes para todas las obligaciones”.
“Esto lo sabían absolutamente todos en la administración. Porque diariamente se enviaba el flujo de caja por correo electrónico a todos los directores y al administrador municipal. ¿Cómo se pudo cerrar el presupuesto este año? Para el cierre de ese año, solicitaron desde Secretaría Comunal de Planificación que eliminaran las obligaciones que estaban ingresadas en la contabilidad. ¿Qué significa eso? Que había facturas que ya estaban ingresadas en la contabilidad, que eran deudas que existían en el municipio, pero como el monto superaba lo que podían cubrir para hacer cuadrar el cierre de año, simplemente se eliminaron”, detalló la persecutora.
Acorde a la fiscalía, el testigo manifestó que sabía que era incorrecto y que “al no ser de confianza de la alcaldesa como el SecPlan o el administrador municipal, por lo tanto tenía miedo de que me hicieran un sumario administrativo o me enviaran a otras dependencias. Estaba a punto de jubilar, no quería perder mi trabajo, tenía miedo”, leyó la fiscal desde el informe.
“Él reconoce directamente esta maniobra que se hizo de ocultar 6.800 millones de pesos de la contabilidad”, indicó la fiscalía.
Con estos antecedentes, la persecutora argumentó que teniendo conocimiento sobre la falta de recursos, Cathy Barriga continúo realizando millonarios eventos como el Año Nuevo Chino, Maipú Enamorado, Granja Alimentaria, Maipeluza y Spa Adulto Mayor, que en su totalidad suman más de $ 6.300 millones desembolsados de las arcas comunales.
En esa línea, añadió que queda claro cuáles son “sus prioridades y cuáles no. Desatender el presupuesto municipal es directamente y en conocimiento, actuar de forma dolosa”.
Y aclaró: “No hay que confundir que obviamente estamos frente a un delito de que la gente normalmente entiende que se quedan con el dinero y no se utiliza en los fines de la municipalidad. Pero realmente la forma en que se ha planteado por el Ministerio Público y por esta interviniente, corresponden a lo que es el tipo penal; que es una gestión desleal de los recursos fiscales”.
“Estamos hablando de múltiples delitos que se dieron durante toda su gestión, son reiterados, y que además se dan en un contexto de que viola gravemente lo que es la fe pública y el patrimonio fiscal”, cerró Encina.
