Tras solicitud de ministro de Justicia: CDE defenderá en el TC constitucionalidad de indultos otorgados por Boric

La tarde de este martes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió aceptar el requerimiento del ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, respecto de defender en el TC la constitucionalidad de los decretos supremos -firmados por el Presidente Gabriel Boric- que concedieron los indultos a seis condenados por delitos vinculados al estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

La solicitud del secretario de Estado al organismo liderado por Juan Peribonio se da luego de que a principios de febrero senadores de Chile Vamos y Demócratas acudieran ante el Tribunal Constitucional para impugnar los mencionados actos administrativos.

Los parlamentarios acusaron que los mencionados decretos no tendrían razones fundadas, y según indicó en su momento el senador Javier Macaya (UDI), también tenderían a perpetuar una “sensación de impunidad”.

El gobierno, por su parte, al contestar la solicitud de los senadores hizo presente que sus alegaciones “son de legalidad y no de constitucionalidad”.

Precisó, en el mismo sentido, que “las y los requirentes recurren a la ley N° 18.050 para configurar el vicio y fallan en identificar la forma en que el decreto impugnado vulneraría los artículos constitucionales alegados. En efecto, una construcción de tales características supone comprender de forma errónea la concurrencia de un vicio constitucional y, a la vez, desconfigura el alcance del control” del organismo.

Asimismo, adujeron que “los requirentes parecen desconocer que la desviación de poder se erige como un vicio de legalidad, pues supone ponderar las intenciones de la Administración en el ejercicio de sus potestades con los fines previstas por las normas de nuestro ordenamiento”.

Tras hacerse pública la determinación, desde el CDE emitieron un comunicado donde precisaron que a ellos les corresponde “defender a los órganos centralizados del Estado, como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no tienen personalidad jurídica para comparecer ante los tribunales en procedimientos contenciosos de esta naturaleza”.

“La representación se traducirá en que el CDE comparecerá a los alegatos correspondientes ante el Tribunal Constitucional, haciendo presente los argumentos jurídicos contenidos en los informes que ya presentó el Ministerio ante el tribunal”, complementaron.

Si bien la revisión de antecedentes y alegatos de las partes se dará en los próximos días, la jornada de este martes el titular de Justicia debió responder a nuevos cuestionamientos relacionados con los citados indultos. Y es que como publicó Ex-Ante, La Moneda solicitó que los antecedentes que aportaron en relación con el expediente de cada uno de los condenados beneficiados -específicamente de Luis Castillo- se mantuviera bajo reserva, lo que desencadenó varios reproches.

Lo anterior, porque justamente los abogados que patrocinan el requerimiento de los senadores habían pedido acceso a dicha información, pues supuestamente sería parte del sustento de los firmados decretos.

Sin embargo, como detalló el Ejecutivo al acompañar los detalles al TC, había que manejarlos con reserva. Esto, en función de que los expedientes contienen “datos sensibles”, y se debe resguardar la posibilidad de que los indultados puedan reinsertarse socialmente.

Cordero defendió que la decisión tiene fundamento legal, al abordar las críticas. “El Tribunal Constitucional pidió como medida, para mejor resolver, copia de todos los expedientes de los indultados y además copia de todos los indultos dictados desde 1981 a la fecha. El TC solicitó esa información bajo reserva. Y la razón por la cual el tribunal lo solicita así, es porque la ley señala que cuando se entregan datos personales tienen que estar bajo reserva”, comentó el secretario de Estado.

“Los abogados de los senadores requirentes han pedido tener acceso a esa información y lo que ha solicitado el Tribunal Constitucional es pedirnos la opinión y nosotros no podemos responder si no lo que dice la ley. La Ley de Datos Personales, específicamente el Artículo 21, impide el tratamiento y entrega de información a terceros respecto de datos personales. El Ejecutivo no podía responder si no lo que señaló, porque es lo que establece la ley”, agregó.

Pese a lo detallado por el ministro Cordero, la situación sigue generando en sectores de la oposición. De hecho, los diputados de la UDI Álvaro Carter, Cristian Labbé y Fernando Bórquez, pidieron vía oficio un pronunciamiento del Consejo para la Transparencia (CPLT) respecto a si son o no aplicables los motivos indicados por Palacio para no entregar los expedientes de los indultados.

“En mérito de lo expuesto, solicitamos tengan a bien remitir a esta Cámara información respecto a si son o no aplicables los motivos indicados por el Presidente de la República y el ministro de Justicia en el documento presentado ante el TC para no entregar los expedientes de los indultados. De igual manera, solicitamos se informe lo mismo respecto de las declaraciones públicas emitidas por en ministro de Justicia en alusión a la Ley de Datos Personales”, se indica en el oficio.

Y es que de acuerdo con lo expuesto por Carter, sería “una pésima señal política hacia la ciudadanía que el Presidente Gabriel Boric siga intentando proteger a delincuentes y condenados”.