A inicios de septiembre se reveló que el Ministerio Público presentó una denuncia por amenazas que habrían sido proferidas por miembros del Tren de Aragua contra algunos jueces. El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó la situación como “grave” y aseguró que más de un juez cuenta con medidas de protección.
El hecho no era desconocido para la fiscalía, ya que desde mediados de 2022 que investiga amenazas contra fiscales de la Zona Norte que realizaban indagatorias sobre la organización criminal de origen venezolano.
Bajo ese contexto, el Colegio de Abogados emitió un comunicado manifestando su preocupación por las amenazas contra los representantes del Poder Judicial. “Manifestamos nuestra preocupación por el aumento de organizaciones criminales, algunas de las cuales han llegado a efectuar graves amenazas en contra de fiscales y jueces”, se sostiene en el texto.
En un siguiente punto, el gremio aborda la polémica que se suscitó luego de que el juez de garantía, Héctor Barraza, ordenara al Ministerio Público entregar a las defensas de los imputados la identificación de más de 50 testigos con identidad reservada ofrecidos en la acusación. La fiscalía rechazó dicha orden y finalmente la Corte de Apelaciones de Arica suspendió la decisión de Barraza.
“Esta situación se ha visto agravada recientemente por la orden de un juez de garantía de entregar antecedentes a los defensores respecto de la identidad de testigos y agentes encubiertos, la que ha sido oportunamente dejada sin efecto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, cumplida por parte de los defensores públicos respectivos”, se agrega en el comunicado de los abogados.
“El Colegio de Abogados condena las amenazas que están recibiendo intervinientes del Sistema Procesal Penal, que importa un claro atentado en contra del ejercicio de la función que le corresponde a los fiscales y a los jueces, lo que no respeta la debida objetividad e independencia que debe asegurarse para el adecuado ejercicio de las funciones que realizan”, se añade.
Con todo, se afirma: “La eficacia de la persecución penal y el adecuado juzgamiento de hechos delictuales cometidos por organizaciones criminales se ve afectado si no se brinda a jueces, fiscales, testigos, agentes encubiertos y a sus familias las protecciones previstas por la ley, siempre con pleno respeto a las garantías del debido proceso”.
“Es indispensable proporcionarles los recursos, la formación y el apoyo necesarios para que puedan desempeñar sus funciones sin temor ni injerencias”, remata el texto.
