El gobierno aclaró este lunes que, luego de sucesivos estudios y procesos de calificación a las firmas participantes por parte de los ministerios de Obras Públicas (MOP) y de Transportes, el servicio de trenes entre Santiago-Valparaíso podría ser implementado en los próximos cuatro años.

La precisión de los plazos se informó luego de que Presidente Sebastián Piñera, en la reciente cuenta pública, anunciara que producto del interés público se le puso énfasis a los proyectos que están en competencia: el primero, de TVS, de una inversión de US$ 2.400 millones, que oferta un servicio de pasajeros y de carga entre Santiago-Valparaíso y de carga a San Antonio. La otra propuesta competidora es de Agunsa, FCC y Talgo, de US$ 2.000 millones.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, indicó que "serán cuatro a cinco años probablemente; suponiendo hay un año de estudios, otro año del proceso de licitación, con las bases y las ofertas internacionales. Y después de la construcción que toma un tiempo. Queda tiempo por delante hasta que esté disponible".

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, agregó que por ahora se licitará un estudio internacional este año, con el objetivo de evaluar en detalle las propuestas, la demanda de pasajeros, los costos de implementación de la infraestructura y el esquema de concesiones que se usará.

Lucas Palacios, subsecretario de la cartera , añadió que la siguiente fase implica iniciar "un proceso de precalificación de empresas a nivel internacional, para elegir, finalmente, la que tenga las competencias para la construcción". Esto podría suceder en 2020. Luego de ello, se inicia un proceso de licitación para adjudicar la iniciativa.

Costos

También se informó que las empresas formarán una mesa de trabajo para monitorear el proyecto, instancia en que participaran el MOP, Transportes y la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

Uno de los puntos que se deberá analizar con atención es el relacionado con los costos que tendrá para el Estado una de estas iniciativas, pues las empresas que han postulado plantean que haya ingresos mínimos garantizados. El presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, aseguró que "son tan altos los ingresos que piden, que todo el riesgo lo toma el Estado. El MOP está consciente de eso".