En prisión preventiva quedaron tres de los nueve exfuncionarios de Gendarmería imputados por la Fiscalía Metropolitana Occidente por tráfico de armas al interior de la cárcel.

La formalización de este caso, que incluye a otras 11 personas, comenzó ayer. La fiscalía acusa una red de corrupción y tráfico de armas, en que estos funcionarios, pertenecientes a la cárcel de La Serena, habrían participado activamente.

Fue el pasado viernes cuando el Ministerio Público realizó un operativo en simultáneo en las regiones Metropolitana y de Coquimbo, que terminaron, además, con la incautación de droga, armas y $15 millones.

Los otros seis exgendarmes quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados. Eso sí, la fiscalía señaló que apelará de la resolución del tribunal, buscando que también queden en prisión preventiva.

El fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó ayer en radio ADN que la investigación se inició hace un año. “Esta es una investigación que se inicia en junio del año pasado y se inicia por un hecho diverso, tiene que ver con tráfico de armas y de municiones desde el interior de penales de acá en Santiago, específicamente Santiago Uno y la Penitenciaría. Se logra detectar que internos que se encontraban recluidos en estos lugares, traficaban, ofrecían, vendían armas y municiones a través de distintos medios, fundamentalmente redes sociales, grupos de WhatsApp, en fin”.

“Me cuesta creer que funcionarios de más alto rango, encargados de la dirección de Gendarmería, estuvieran al tanto y lo ignoraran, porque no aparecen vinculados. Las autoridades de Gendarmería con las que tuve contacto colaboraron desde el principio, poniendo a nuestra disposición los equipos investigativos, manteniendo la reserva de la investigación, lo cual no es fácil en estos casos, y mostrando una colaboración absoluta por parte de la dirección y el alto mando. Sin embargo, no se puede descartar a priori que existan otros grupos similares en otras unidades penales”, expresó el fiscal.

El Tribunal decretó 120 días de investigación.