Tres sacerdotes son sobreseídos en caso de Rancagua

Tres de los 17 sacerdotes que investiga la fiscalía de O'Higgins, en el llamado caso "la cofradía", fueron sobreseídos este jueves por el Juzgado de Garantía de Pichilemu, luego de que el Ministerio Público no lograra acreditar ningún delito contra los presbíteros.

Se trata de los sacerdotes Fernando Armijo, de San Vicente de Tagua Tagua (quien era sindicado como el presunto líder de la organización); Gino Bonomo, de Placilla, y Aquiles Correa, de La Compañía.

La resolución fue adoptada por el juez suplente del tribunal, Matías Ibarra, tras la petición de sobreseimiento definitivo solicitado en favor de 13 de los religiosos. De estos, 12 fueron representados por la Defensoría Penal Pública y uno por un defensor privado.

Si bien se acogieron solo tres de los 13 sobreseimientos solicitados, la audiencia dejó planteada la posible falta de antecedentes contra los sacerdotes. De ahí que el fiscal Sergio Pérez se allanara al sobreseimiento de Armijo, Bonomo y Correa, tras reconocer que los hechos investigados los últimos seis meses no eran constitutivos de delitos.

De acuerdo a la denunciante en el caso, la supuesta organización era comandada presuntamente por el cura Armijo, a quien se le denominaba "la abuela", figura que fue descartada por el persecutor.

Pérez, de hecho, admitió que lograron "establecer que, en definitiva, no existía ese rol, sino que se trataba más bien de conductas específicas que realizaban algunos sacerdotes y que tenían conocimiento de algunas conductas que realizaban otros, pero no que existía una estructura jerarquizada, donde había alguien que ocupara un puesto de liderazgo y que coordinara las actuaciones".

Como contraparte, el defensor público Víctor Providel se mostró conforme: "Ha quedado clara la inocencia de, a lo menos, tres sacerdotes que nosotros representamos, en el sentido de que los hechos por los cuales fueron apuntados no eran constitutivos de delitos".

Pero no todo fue de agraz para el Ministerio Público, pues en la misma audiencia, el fiscal Pérez leyó la transcripción de unas escuchas telefónicas de dos sacerdotes: Héctor Fuentes (Peumo), exmano derecha del obispo emérito Alejandro Goic, y Freddy Gorigoitía (El Manzano), relacionadas con conductas de índole sexual. Ambos presentaron en agosto pasado su renuncia al sacerdocio ante el administrador apostólico de Rancagua, Fernando Ramos.

Según el fiscal Sergio Pérez, las escuchas dan cuenta de posibles delitos "que los vincularían con acciones que podrían afectar a menores de edad, y que podrían configurar ya sea delitos de abuso u obtención de servicios sexuales pagados, que son sancionados cuando se trata de menores de edad".

No obstante, uno de los obstáculos para la fiscalía es que hay víctimas identificadas con su apodo, por lo que no han sido ubicadas.

Hasta la Casa de Reposo Marista, ubicada en calle Sótero Sanz, frente a la Nunciatura Apostólica, llegó este jueves una decena de personas, tanto denunciantes de eventuales abusos al interior de la congregación como familiares y cercanos, exigiendo la expulsión de Armando Alegría, Jesús Castañeda, Germán Chávez, Luis Cornejo, Adolfo Fuentes, Luis Izquierdo y Carlos Lira. Es decir, siete religiosos imputados por la fiscalía de presuntos abusos que viven en la residencia.

"Estamos acá para interpelar a la congregación que sigue amparando y dando refugio a delincuentes ya comprobados por la justicia canónica", reza el comunicado, firmado por Eneas Espinoza, Jaime Concha, Eladio Valdez, entre otros.

El objetivo de los manifestantes era hacer un llamado de atención a la congregación, que desde el 25 al 29 de septiembre realiza el Consejo Provincial, en el que esperan definiciones sobre el futuro de los religiosos cuestionados. De hecho, el pasado 8 de septiembre la congregación informó el cierre de la investigación previa sobre siete religiosos, por abusos sexuales, indicando la validez de las denuncias y el envío de los antecedentes a Roma.

Desde agosto del año pasado, en tanto, la Fiscalía Metropolitana Sur investiga las denuncias de abusos sexuales ocurridas en los establecimientos educacionales de la congregación, desde 1970 a la fecha.

Los siete religiosos apuntados por los manifestantes están dentro de la nómina de 26 imputados de la orden que maneja el equipo de trabajo encabezado por el fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán. En el contexto de esta investigación, el 14 de agosto pasado el Ministerio Público ingresó a la residencia marista, donde incautó documentos e información contable de la institución, pues se indagan dos pagos a víctimas.