El Primer Tribunal Ambiental dio a conocer este lunes un fallo que acoge una reclamación de la Asociación Indígena Aymara Salar de Coposa contra el Programa de Cumplimiento (PdC), presentado por la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La empresa informó que está evaluando las acciones legales a seguir. Según plantearon desde la compañía el PdC aprobado por la superintendencia después de un proceso de evaluación de más de un año, implica una inversión de 35 millones de dólares, con un alto nivel de ejecución a la fecha.

"Este programa da cuenta de la voluntad y compromiso de la empresa de hacerse cargo del cumplimiento de sus exigencias ambientales", aseguraron desde la minera.

En diciembre de 2017, a raíz de diversas denuncias, la SMA formuló 14 cargos contra Collahuasi. Sin embargo, la empresa presentó un PdC que fue aprobado por el organismo fiscalizador a través de la resolución exenta N° 12, de 2019.

La asociación aymara fundó su reclamación respecto a tres de los cargos formulados, que se relacionan con la falta de monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa, un acuífero estratégico ubicado en la comuna de Pica, en una zona limítrofe con Bolivia en la Región de Tarapacá, considerado como gravísimo; la no implementación de un sistema de monitoreo puntual del caudal de la vertiente Jachucoposa, considerado como grave; y por último, el que dice relación con el descenso del nivel freático de los pozos ubicados en Coposa Norte por sobre lo previsto en el modelo hidrogeológico, también considerado grave.

El ministro redactor de la sentencia, Marcelo Hernández, explicó que "es requisito esencial para aprobar un Plan de Cumplimiento, PdC, que tanto la compañía minera como la SMA identifiquen y aborden íntegramente todos los efectos, así como todas las acciones y metas para volver al cumplimiento ambiental y así resguardar el bien protegido del acuífero, la vertiente Jachucoposa y sus lagunas de la cuenca del Salar de Coposa su interacción con la biodiversidad y las zonas de pastoreo ancestral de la asociación aymara, más aún porque se trata de un sitio prioritario para la conservación en un escenario de cambio climático".

Además, la sentencia, dictada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente) y Marcelo Hernández, plantea que es "a lo menos es reprochable la conducta de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, por no advertir en un período extremadamente prolongado (12 años) la inobservancia de sus compromisos ambientales sobre el hecho particular de efectuar el monitoreo de avifauna".

"No se evidencia de la presentación de los antecedentes del PdC y el posterior análisis de la SMA para su aprobación que se haya dado respuesta razonable a exigencias básicas de monitoreo, seguimiento y reportabilidad de los compromisos ambientales de las Resoluciones de Calificación Ambiental, RCA, vigentes para el objeto de protección Avifauna en una superficie de 13.409 hectáreas de la Cuenca del Salar de Coposa y en particular para una especie carismática y en categoría de conservación, según el Ministerio de Medio Ambiente como lo es el flamenco", plantea el texto.

El fallo sostiene además que se ha vulnerado los derechos de acceso que tiene la Asociación Indígena Aymara de Coposa a los recursos naturales en el salar, en particular a los referidos al agua y sus servicios ecosistémicos en la vertiente de Jachucoposa y sus cuerpos lagunares, como a las zonas de pastoreo aledañas y la potencial relación de efectos que pudiere tener la baja de niveles del campo de pozos norte de la compañía minera.

La vegetación de este humedal incluye a 97 especies nativas. Además, alberga una rica diversidad de fauna silvestre, donde destaca la presencia de tres especies de flamencos. Dada su importancia ecosistémica, el salar, habitado por comunidades de etnia aymara, está catalogado como un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

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