El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó este jueves para conocer los requerimientos presentados por diputados del Partido Republicano y de Chile Vamos solicitando la declaración de cesación en el cargo de la senadora del Partido Socialista (PS) por Valparaíso, María Isabel Allende Bussi.

La decisión sin embargo, no se ha conocido oficialmente hasta ahora.

Según un documento que se hizo llegar a las partes, se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia.

El certificado de acuerdo indica que fueron designados como redactores la ministra María Pía Silva Gallinato y los ministros Miguel Ángel Fernández González y Raúl Mera Muñoz.

¿Qué es lo que se está discutiendo?

La oposición recurrió al TC con la intención de destituir a la senadora PS por su rol en la truncada operación del Ministerio de Bienes Nacionales para adquirir la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, en la calle Guardia Vieja de Providencia.

Esa transacción fue desechada por el gobierno al cuestionarse que entre los propietarios del inmueble figuraba la legisladora y su sobrina Maya Fernández, en ese entonces ministra de Defensa, ambas impedidas constitucionalmente de celebrar contratos con el Estado.

Según los requerimientos, al celebrarse la operación de compraventa con una escritura firmada en notaría, Isabel Allende vulneró el artículo 60 de la Constitución Política de la República, en que se señala de forma expresa que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

La sanción considera además la inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos.

Las exposiciones

Luego que el relator del Tribunal Constitucional José Francisco Leyton detalló el caso ante los 10 ministros del Pleno, por 15 minutos compareció el abogado Emiliano García Bobadilla para fundamentar el requerimiento del Partido Republicano.

“Sostenemos que no hay ambigüedad posible. Se celebró un contrato de compraventa entre una honorable senadora de la República en ejercicio y el Fisco de Chile. Lo que corresponde ahora es aplicar la norma constitucional con toda la fuerza que esta norma impone”, señaló García.

También por 15 minutos expuso Máximo Pavez, en representación de Chile Vamos.

“Nuestro requerimiento no es un cuestionamiento a la persona de la senadora Allende, ni a su trayectoria política, ni tampoco a la memoria histórica, que legítimamente ella y muchas otras personas se empeñan en custodiar. Esta va a ser una sentencia que va a ser largamente discutida por profesores de derecho civil, de derecho constitucional, por estudiantes de derecho. Y esta causa versa sobre tres bienes jurídicos decisivos y fundamentales para el Estado de Derecho: la supremacía constitucional, la igualdad ante la ley y la obligación que recae en todos los órganos del Estado de garantizar el orden institucional de la República”, planteó Pavez.

El abogado Gabriel Osorio, defensor de Allende, tenía un máximo de 30 minutos para exponer. Lo hizo en cerca de 25, asegurando que el contrato mencionado no es tal y “está suspendido porque no se perfeccionó”.

“No hay contrato. Pero, además, si lo hubiere, no vulnera la probidad administrativa. No fue celebrado en atención al ejercicio de su cargo parlamentario. No obtuvo un beneficio arbitrario o discriminatorio, sino que decía relación con el cumplimiento de funciones públicas, con un fin público y por tanto es el interés público el que está aquí comprometido”, insistió.

Luego de una ronda de preguntas, el tribunal dio por finalizada la vista de la causa e inició su deliberación a eso de las 11.30 horas.

El Pleno dirime y vota en privado. Hasta ahora, no se conoce qué decidieron.