Tribunal Constitucional no revisará pruebas en requerimiento que pide destituir a la senadora Allende y revisará directamente el fondo

El Tribunal Constitucional acordó por unanimidad no abrir término probatorio en el requerimiento republicano que exige el cese de cargo en contra de la senadora Isabel Allende, tras la truncada venta de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, Providencia. En otras palabras, los ministros resolvieron revisar el documento con los antecedentes ya otorgados por los solicitantes, sin admitir pruebas.

A través de un comunicado, el TC explicó que se acordó por unanimidad “no recibir la causa a prueba por no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que acreditar”. Y añade: “La causa quedará en estado de dictarse autos en relación, para que el Pleno pueda conocer el fondo del asunto”.

La ofensiva opositora busca destituir a la legisladora socialista debido a su rol de beneficiaria en el fallido contrato que celebraba la venta del inmueble. En concreto, el gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció un proyecto de casas museo para las viviendas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin. Pese a que la iniciativa fue divulgada con bombos y platillos, se quedó a medio camino por incumplir con la Constitución.

La transacción liderada por el Ministerio de Bienes Nacionales no contempló que la Carta Magna prohíbe a los congresistas celebrar contratos con el Estado, lo que ocurriría en el caso de la senadora al ser una de las herederas de la propiedad. Mismo escenario se repitió con la exministra de Defensa, Maya Fernández, sobrina de la senadora que renunció a su cargo en medio de los reproches opositores que criticaban las irregularidades del procedimiento.

Una vez que el escrito fue presentado, Allende defendió su inocencia y aseguró que la revisión en el TC “será el momento de que se conozcan los hechos”.

En entrevista con La Tercera, Paula Vial, la abogada que representa a la senadora, afirmó que “la acusación busca fines políticos y lo que hay en ella es un ‘cortar-pegar’ de lo que hay en el TC en contra de la senadora Allende. Lo que siempre ha estado claro es que tanto la exministra como la senadora y, en general, la familia han actuado de buena fe, que se plegaron a las indicaciones que recibían en el desarrollo de este negocio y que el daño que se les ha hecho es tan enorme e irreparable que jamás adoptarían un paso que pueda significar un reconocimiento que no es efectivo”.