El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió este martes rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados de oposición para frenar la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.
En un fallo dividido, de seis votos contra cuatro, los ministros del TC declararon de esta manera la total constitucionalidad de la legislación contra la violencia de género.
El requerimiento había sido suscrito de manera individual por 54 diputados de las bancadas de Republicanos, UDI, RN, PGD y el Partido Social Cristiano.
La iniciativa pretendía que se declarara inconstitucional el inciso 2 del artículo 12 sobre educación no sexista, contenido en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De acuerdo a la petición de los parlamentarios, la expresión es contraria a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.
Una vez que se conoció el falló, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, celebró que el TC haya rechazado la solicitud de los legisladores de oposición.
“Tras escuchar los alegatos por lado y lado, el TC acaba de resolver la total constitucionalidad de la educación no sexista, abriendo paso a la promulgación de la Ley Integral con acciones concretas para prevenir la violencia de género contra las mujeres desde la temprana edad”, escribió la secretaria de Estado en su cuenta de la red social X.
Fue en la antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 6 de marzo, que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La iniciativa, ingresada en 2017 por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, fue visada con 120 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones. El día anterior había sido aprobada en el Senado, por lo que fue despachada para ser ley.
La normativa busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres con razón de género. Al mismo tiempo, aporta la definición de conceptos, como también principios y reglas de interpretación de la ley, permitiendo ampliar definiciones de posibles víctimas.
Por otro lado, habilita la creación de un sistema integrado de información sobre la violencia de género, con el objetivo de mejorar la respuesta del Estado y las políticas públicas. Además, permite modificar otras normas legales, generando cambios para enfrentar la violencia de género -a través, por ejemplo, de la intensificación de la vigilancia de las medidas cautelares- y establece la protección de los datos que permiten resguardar la confidencialidad de las víctimas, entre otras disposiciones.
