Esta semana se conoció una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones PDI, con apoyo del FBI estadounidense que logró desarticular a una banda de lanzas internacionales dedicada al “turismo delictual” en el país norteamericano.

En la investigación, encabezada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, fueron claves los antecedentes entregados por el FBI tanto al Ministerio Público, como a la policía civil. La agencia estadounidense aportó información respecto a los cabecillas de esta organización, que permitieron acreditar la coordinación y comunicación entre los sujetos para organizar los delitos.

La banda se dedicaba al robo de residencias de lujo en Estados Unidos y Europa y al envío de los bienes y dineros obtenidos en dichos delitos a Chile. Las familias se encargaban de reducir las especies, tales como joyas y relojes de alta gama, y ocultaban los recursos obtenidos, adquiriendo vehículos y propiedades.

El martes 29 de abril se efectuó un masivo operativo en 11 comunas de la Región Metropolitana y en un domicilio de la comuna de Algarrobo, en la Región de Valparaíso y fueron detenidas 23 personas, incluyendo a los principales cabecillas de la agrupación.

Según lo acreditado en la investigación, los integrantes de esta banda habrían estado operando tanto en Europa (principalmente, Bélgica y España), como en Estados Unidos, al menos desde 2020.

Para entrar y salir de Chile, como también para ingresar a suelo estadounidense, ocultaban su identidad mediante documentación falsa o adulterada, o ingresando por pasos no habilitados.

Sin embargo, la mañana de este viernes se conoció que un funcionario de la PDI habría colaborado con ellos para sus ingresos y salidas en el Aeropuerto de Santiago.

El sujeto, identificado como Walter Fuentes, inspector del Departamento de Policía Internacional Aeropuerto, fue formalizado en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago y quedó en prisión preventiva, medida cautelar que deberá cumplir en un cuartel de la PDI.

El magistrado Fernando Guzmán estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Se fijó un plazo de 90 días de investigación.

Guzmán dijo que la participación del imputado en un delito de cohecho, fue fundamentada por el Ministerio Público con los testimonios de dos integrantes de la organización criminal, Ignacio Morales y David Contreras (ambos actualmente en prisión preventiva) y con “las imágenes de las cámaras de seguridad del terminal aéreo internacional, incluso con vuelo de los delincuentes junto con la cónyuge del funcionario público”.

“Hay pocos ilícitos tan graves como la corrupción de los agentes estatales pues no solo afecta la fe pública y merma la confianza ciudadana en el aparato estatal, sino que efectivamente socava o debilita las bases de nuestra institucionalidad”, sostuvo el magistrado.