Esta mañana, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar dictaminó el cierre de la causa conocida como “horas extra”, que investiga el presunto pago irregular de horas extraordinarias en la Municipalidad de Viña del Mar durante el segundo semestre de 2014.

Tras decretar su cierre, el juez Erik Espinoza Cerda rechazó el sobreseimiento definitivo de la indagatoria, que había solicitado la defensa de los imputados Pablo Staig -quien ejercía como administrador municipal y director (s) de Administración y Finanzas-, Manuel Echeverría -exdirector del departamento de Finanzas- y Javier Garrido -exfuncionario de la sección Remuneraciones-.

“Los hechos investigados no son constitutivos de delito y no son constitutivos del delito de fraude al fisco, del artículo 239 del Código Penal, como se ha señalado en la formalización”, argumentó al abogado defensor de los imputados, Miguel Alfaro, lo cual fue desestimado por el magistrado Erik Espinoza.

En cambio, el Ministerio Público expuso que sí se cometió fraude al fisco porque, en el cumplimiento de sus deberes, Staig, Echeverría y Garrido permitieron pagos que no correspondían, debido a que las horas extra excedían las que era posible trabajar, y que también correspondían a feriados, licencias y permisos sin goce.

“En este caso se está vulnerando tanto la función pública, en orden a velar por la correcta administración de los fondos fiscales, como también lo que es el patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar”, dijo el fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, uno de los persecutores a cargo de la indagatoria.

En adelante, la fiscalía tendrá 10 días para formular acusación por fraude al fisco contra los directivos de la exalcaldesa Virginia Reginato (UDI). El Ministerio Público habría logrado acreditar que Staig, Echeverría y Garrido autorizaron el pago de horas extra a trabajadores que estaban de vacaciones o con licencias médicas, por un monto total de $ 56 millones.

Posteriormente, el ente persecutor presentará las pruebas en un juicio, oral o abreviado -dependiendo del acuerdo que pueda alcanzar con los imputados-, para que el tribunal decida si condena o absuelve a los imputados.

Al igual que la fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -como parte querellante- solicitó rechazar el sobreseimiento tras considerar que los hechos denunciados sí constituyen delito.

No obstante, el CDE pidió al tribunal la reapertura de la investigación, para realizar diligencias que habrían quedado pendientes y permitirían acreditar los hechos que sustentaron la formalización, así como la participación de los imputados y el perjuicio causado.

El fin último es recabar la mayor cantidad de antecedentes y medios probatorios, para tener una causa lo más completa posible al momento de ir a juicio.

El juzgado aceptó la solicitud del Consejo y fijó para el 23 de septiembre una audiencia para debatir la reapertura de la causa.

Un día después -el 24 de septiembre- termina el plazo de 10 días que tiene la fiscalía para presentar la acusación contra Staig, Echeverría y Garrido. De modo que si el tribunal dictamina reabrir la causa, la acusación quedará postergada hasta un próximo nuevo cierre.