Tribunales han decretado 1.229 prisiones preventivas desde inicio de protestas

Alejandro Carvajal, arrestado como presunto autor del incendio a la Universidad Pedro de Valdivia; un menor de 16 años de una facción de la "Garra Blanca" detenido por el siniestro al metro Pedrero; y Roberto Campos, imputado por daños en la estación San Joaquín. Todos ellos quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados en los último días por eventuales delitos cometidos desde que comenzó la crisis en el país, el 18 de octubre pasado.

Para analizar lo que está ocurriendo en los juzgados de garantía a nivel nacional y cómo está la carga de trabajo en los distintos tribunales del país, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema realizó un informe basado en las cifras del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Coordinación del Centro de Justicia.

Según las estadísticas, entre el 18 de octubre y el 7 de noviembre pasado se realizaron 13.703 audiencias de control de detención (ACD) en el país, con un total de 22.256 imputados (ver infografía). El peak de controles fue el 21 de octubre, con 1.208 audiencias.

A los más de 22 mil detenidos se les imputó un total de 26.514 delitos. Esto significa que cada persona fue imputada por 1,2 ilícitos, aproximadamente.

Los hechos que concentraron la mayor cantidad de imputaciones fueron los robos en lugar no habitado (figura penal con que la fiscalía califica el saqueo), las receptaciones, los desórdenes públicos, los hurto y las lesiones menos graves.

"Los delitos que aparecen en la mayor parte de los casos parecen vinculados a los saqueos, que tienen que ver con hurto, receptación, robo en lugar no habitado. Estos son los ilícitos que normalmente se imputarían en una situación como esta", señala el académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego.

La fiscalía ha pedido para 1.509 personas su prisión preventiva, es decir, a un 7% de los 22 mil imputados.

Asimismo, de las 1.509 solicitudes, 280 fueron rechazadas, lo que equivale a un 18,6%. Este porcentaje supera levemente el rechazo registrado durante 2018, cuando en promedio se negó el 13,9% de las solicitudes de prisión preventiva.

"No me parece una diferencia significativa. A priori, parece bastante similar, o sea que se están otorgando mayoritariamente las prisiones preventivas y se está rechazando a un grupo relativamente marginal de las mismas", dijo Cristián Riego.

El mayor número de solicitudes de esta cautelar se produjo el 21 y 22 de octubre, con 140 y 143 peticiones, respectivamente; mientras que el mayor porcentaje de rechazo de solicitudes se registró el 24 de octubre, cuando se denegaron 39 de las 75 que se realizaron (un 34% del total).

Los delitos imputados más frecuentes por los cuales se decretó la cautelar más gravosa son el robo en lugar no habitado (17%); el robo con intimidación (10%); receptación (7%); tráfico ilícito de drogas y robo con violencia (cada uno con el 6% del total), y el robo en lugar habitado (5%).

El ministro Lamberto Cisternas, vocero de la Corte Suprema, explicó que "la prisión preventiva es una medida cautelar extrema, que se dicta como cosa última frente a la situación de una persona que es detenida y es respecto de la cual el Ministerio Público solicita la prisión preventiva".

En relación a la cantidad de peticiones de esta medida cautelar, el supremo aseguró que "comparativamente hablando, es bastante poco lo que se ha solicitado por parte del Ministerio Público".

Además, señaló Cisternas, se ha concedido un alto porcentaje de prisiones preventivas. Dijo que en la Región Metropolitana "es un poco menor y eso se explica porque la cantidad de personas que han sido detenidas en Santiago es mucho mayor, los partes (policiales) son muchos más y puede que no tengan todos una justificación cabal de la detención y termina por no concederse la prisión preventiva, aunque la haya solicitado la fiscalía".

También, durante este periodo se ha declarado ilegal la aprehensión en contra de 977 imputados, lo que representa el 4,4% del total. De acuerdo al estudio, este porcentaje está por sobre el 0,8% de controles de detención que se declararon en promedio ilegales en el periodo 2010 - junio 2018.

Para Lamberto Cisternas, "esto es un porcentaje mayor al habitual. Normalmente no llega al 1% de las personas detenidas, cuya detención se declara ilegal. Ahora es casi cuatro veces más. Eso significa que el control ha sido más intenso, más estricto. Son detenciones que muchas veces se hacen por grupo, atendida la dinámica de las circunstancias y después el juez debe examinar uno por uno y contrastando con los antecedentes que le da la policía, va seleccionando cuáles están bien detenidos y cuáles no".

La mayor cantidad de detenciones ilegales se dieron el 20 y 21 de octubre, donde en el 10% del total de los casos se declaró ilegal su arresto.

"Hay una sobrecarga muy importante, distinto a lo que es habitual", respondió el vocero de la Corte Suprema, consultado por la situación de los tribunales del país.

Explicó que pese a la carga de trabajo, particularmente en los juzgados de garantía, "la información que tenemos es que los magistrados de los juzgados de garantía se han organizado bien, han tenido que trabajar algunas veces hasta tarde, se les ha tratado de proveer locomoción y acercamiento y hemos logrado despachar estos trabajos en 24 horas".

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