El Tribunal Calificador de Elecciones dejó este martes sin efecto la multas que el Servel cursó a la Corporación Aprueba por Chile en julio de 2024 por distintas infracciones a la ley electoral durante la campaña para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022.

Cabe recordar que la corporación de Felipe Heusser fue sancionada con una multa de 30 UTM (poco más de dos millones de pesos) por haber incumplido su obligación de registrarse ante el Servicio Electoral en calidad de “comando”, e igualmente haber realizado actividades de campaña como distribución de propaganda, organización de eventos y recolección de fondos.

Además, Aprueba por Chile también había sido multada con el pago de $ 99.581.643 por haber excedido el límite de gasto electoral en más de $ 33 millones.

En su resolución, y acogiendo una reclamación presentada por el abogado Gabriel Osorio, el Tricel señaló: “Se dejan sin efecto las multas de 33 Unidades Tributarias Mensuales, por haber infringido el artículo 5 letra d) de las ‘Instrucciones sobre registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, partidos políticos y parlamentarios independientes para el plebiscito constitucional 2022′, fijadas por Resolución O N°431 del Director del Servicio Electoral, en relación con los numerales 1 y 3 de la disposición Cuadragésima Segunda de la Constitución Política de la República".

En el dictamen también se anuló el pago “de $99.581.643 por haber excedido el límite de gasto electoral en $33.193.881, infringiendo con ello lo dispuesto en la Resolución O N°457 del Director del Servicio Electoral, que fija los Límites Máximos de gastos electorales permitidos, conforme al numeral 3 de la disposición Cuadragésima Segunda Transitoria de la Constitución Política de la República, respectivamente”.

De esta forma, como indicó el abogado de Daniel Andrade, otrora mandamás de Democracia Viva, también se absolvió a la entidad de los cargos antes formulados.

“La reciente resolución del Tribunal Tricel revoca por unanimidad las multas impuestas por el Servel a la Fundación Democracia Viva y descarta la existencia de cualquier irregularidad en el manejo de recursos públicos por parte de la fundación”, sostuvo Ignacio Figueroa.

Y agregó: “Este fallo confirma lo que hemos sostenido desde el inicio y es una primera señal clara de que en Democracia Viva no existía una caja negra, siendo los recursos correctamente administrados. Los números están y seguirán cuadrando. Tal como esta acusación fue desestimada por carecer de sustento, confiamos en que las demás seguirán el mismo camino. En la medida que los antecedentes sean evaluados, se dejarán atrás las acusaciones maliciosas y con claros objetivos políticos que han rodeado este caso”.