U. Alberto Hurtado bajo la lupa: superintendencia en alerta por “deterioro” de su situación financiera

El jueves de la semana pasada, Cristián del Campo, el hace casi cinco meses rector de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), envió un comunicado a la comunidad universitaria que dirige, en el que informaba de 55 despidos simultáneos de funcionarios y académicos, esgrimiendo “una difícil situación financiera”, la que les obligaba a realizar ajustes en toda la estructura organizacional “para retomar el equilibrio operacional”. Esas salidas, sin embargo, no eran las primeras de este año en la institución, dando cuenta de una situación frágil de la que ya toma parte la Superintendencia de Educación Superior (SES).

Y si bien desde la SES aclaran que a la fecha no está desarrollando un proceso específico de fiscalización en relación con la situación financiera que presenta la UAH, sí señalan que como parte del proceso recurrente de revisión de los estados financieros anuales de todas las instituciones de educación superior del país, están analizando su situación a propósito de los resultados 2023, a fin de determinar el nivel de riesgo financiero que presenta. Preliminarmente, añaden, “tal análisis revela un deterioro de la situación observada en el año anterior, que se relaciona con un importante aumento de los costos operacionales y de los pasivos totales que redundan en una contracción del patrimonio neto”.

Por ello, añaden desde el ente fiscalizador, están atentos a las medidas que la UAH informe “a propósito de las acciones que adopte para enfrentar esta situación y los efectos que ellas puedan tener en sus operaciones”.

Ocurre que según relatan diversas fuentes de la casa de estudios, son casi 90 los despidos que ya se han producido este año, lo que tiene convulso el ambiente en la institución, fruto de que las salidas se han dado en diversas carreras, desde funcionarios hasta profesores, algunos con varios años de antigüedad. Desde los estamentos estudiantiles y de los funcionarios, además, han acusado falta de transparencia de los nuevos directivos no solo sobre los motivos de los despidos, sino que de la realidad financiera de la universidad. Lo anterior, por ejemplo, provocó que para el próximo lunes ya haya convocada una movilización en las inmediaciones de una de las sedes de la UAH cerca del metro Los Héroes.

“Esperamos que este accionar sea el último recurso y no se vuelva a repetir en lo que queda de año académico, puesto que repercute principal y directamente sobre el estudiantado”, señaló la Federación de Estudiantes de la U. Alberto Hurtado (Feuah) en un comunicado, donde exigían “una transparencia clara en relación al estado financiero y económico de la universidad, como también al alcance de los despidos que se están efectuando”.

Eduardo Abarzúa, vicerrector académico de la UAH, dice al respecto que 2023 fue un año “complejo financieramente, lo que informamos a la Superintendencia de Educación Superior a fines de mayo pasado, como es la obligación de toda institución de educación superior”, y que esa información también la compartieron “oportunamente” con la comunidad universitaria.

Sobre el cómo llegó la institución a esta situación, agrega que “hubo una serie de factores que influyeron para el mal desempeño financiero, tanto de gestión interna como el financiamiento del propio crecimiento institucional, así como aranceles de referencia que aún deben incorporar de mejor manera la articulación de calidad, complejidad de los proyectos e integración social”.

Como sea, lo cierto es que desde su arribo a la rectoría, Del Campo ha llevado adelante un profundo proceso de transformación, algo que reforzó, de hecho, en el comunicado a la comunidad donde informaba de los despidos de la semana pasada. “Tal y como lo reconoció la comunidad transversalmente -lo que quedó plasmado en el informe de búsqueda para una nueva rectoría-, nuestra universidad requiere una mejor gestión que nos permita avanzar hacia un renovado modelo de universidad, y no insistir en el actual. Una mejor gestión implica tomar decisiones difíciles y dolorosas, a partir de un análisis detallado de la realidad de cada facultad, de sus proyectos académicos y la mejor manera de potenciarlos hacia el futuro”, dijo esa vez.

Esas decisiones difíciles que menciona Del Campo hacen referencia justamente a los recientes despidos, los que fueron abordados este martes por algunos de los afectados a través de un comunicado firmado por parte de los académicos desvinculados de la Facultad de Educación. “17 de sus académicos, cerca de la mitad de sus integrantes, hemos sido despedidos ‘por necesidades de la empresa’, encubriendo -en el contexto de reestructuración por una crisis financiera multifactorial- la remoción de un número tan significativo de académicos y académicas por razones financieras y políticas, en una facultad cuyo foco es la formación de profesores. Es una situación que la institucionalidad universitaria no puede aceptar”, señalaron, sumando que “el criterio que comparten varios de estos despidos es la legítima discrepancia que hemos manifestado hacia formas, decisiones y contenidos prioritarios de la actual decanatura. (...) No estamos frente a una medida arbitraria o azarosa, sino estratégica, discriminatoria y arriesgada”.

Sobre las medidas para revertir la situación, el vicerrector académico de la UAH asevera que se harán con recursos propios de la institución y con medidas “de eficiencia y responsabilidad que apuntan al mediano y largo plazo, como la adecuación de la estructura de gastos en todo nivel, incluso hasta los ajustes dotacionales que son siempre los más complejos y dolorosos”.

Fruto de la situación de la UAH, desde la superintendencia dicen del sistema de educación superior que han detectado ciertas dificultades recurrente en distintas instituciones, las que actualmente enfrentan diversos problemas financieros. Conocidos son los casos de las universidades Bolivariana, de Aysén y Austral.

“Entre las causas más comunes que hemos identificados destacan: alto endeudamiento a corto plazo, desajustes entre la dotación y los ingresos operacionales, y dificultades para desarrollar una buena gestión de los recursos financieros disponibles”, dicen de modo general en la SES, donde agregan que todo lo anterior propende a producir “una presión significativa sobre la capacidad de estas instituciones para alcanzar resultados económicos balanceados, lo que progresivamente va menoscabando su sostenibilidad financiera en el tiempo”.