El conflicto entre la Pontificia Universidad Católica y el Ministerio de Salud por el protocolo de objeción de conciencia en torno a la Ley de Interrupción del Embarazo en Tres Causales, podría generar el término del convenio establecido entre ambos desde 2003.
Así lo señala un recurso de reposición que presentó la institución, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la Orden de No Innovar del recurso de protección en contra del Minsal, la que buscaba paralizarlo mientras los jueces no resolvieran el fondo de la acción judicial.
Este protocolo establece que los establecimientos públicos y privados que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud y que tienen convenios no pueden invocar objeción de conciencia en la medida que "el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología".
Los recintos de la institución que están en esta situación son los centros Madre Teresa de Calcuta y San Alberto Hurtado, ambos en la comuna de Puente Alto y Juan Pablo II, en La Pintana.
El recurso de reposición de la U. Católica indica que "(...) Como el estatuto jurídico del aborto está plenamente en vigor antes de que se resuelva el fondo de esta controversia, según la redacción actual de la normativa- (la UC) no podrá objetar en conciencia. Por ello, estaría obligada a optar entre realizar abortos o a suspender el convenio suscrito con la recurrida".
Además, el documento agrega que "suspenderlo implicaría dejar a una población más de setenta mil personas sin atención de salud primaria en la zona sur de Santiago y no hacerlo implica que la UC no podría reglamentariamente acceder a la objeción de conciencia institucional".
Sin embargo, el director jurídico de la UC, Juan Esteban Montero, manifestó que "recién vamos a contactarnos con las autoridades para definir el futuro del convenio una vez que se haya resuelto el recurso de protección. Es todo conversable".
Protocolo
Sobre esta situación, la ministra (s) de Salud, Gisela Alarcón, explica que "son tres los centros de salud familiar donde las prestaciones que se realizan ni siquiera son de anticoncepción, sino de control ginecológico del embarazo". Dado esto, añade que "a la UC no le aplica la norma (que impide la objeción de conciencia institucional), dado que es un convenio a la atención primaria".
El médico ginecobstetra del Hospital San José, Gonzalo Rubio, insiste en que la UC, al ser un centro de salud primaria "debiera actuar derivando a centros secundarios o terciarios públicos que sí hagan un aborto. Actualmente en los centros Áncora (perteneciente a la red de salud de la institución) no daban anticonceptivos, pero tuvieron que poner matronas que si los dieran".
Y añade que "me parece gravísimo que se le entreguen recursos públicos a una institución que abiertamente discrimina a las mujeres y además no da anticoncepción. Eso expone a la población a más enfermedad, mortalidad y pobreza"
En tanto, Juan Esteban Montero insiste en que "no se puede llegar y terminar un convenio. Si esto llega a generar algún problema, lo que vamos a hacer es simplemente derivar. Y si llega a haber conflicto respecto del ideario de la UC y normas legales, va a haber una comisión de expertos que va a decidir. No va a ser de la noche a la mañana que eso se pueda acabar".
