"Se deniega la orden de no innovar solicitada". Esa fue la respuesta pronunciada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que la Pontificia Universidad Catolica presentara el jueves pasado un recurso de protección ante el Poder Judicial, por el protocolo de objeción de conciencia que elaboró el Ministerio de Salud (Minsal), en el marco de la Ley 21.030, que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales.

Tras la resolución, el director jurídico de la UC, Juan Esteban Montero, señaló que insistirán.

El recurso de reposición que solicitará la UC pedirá suspender el aspecto que prohíbe la objeción institucional a aquellos prestadores de salud que tengan convenios, además de tener que solicitar al Minsal la posibilidad de objetar y la documentación que se deba entregar para aquel proceso.

"Se solicita exclusivamente (...) que se ordene la suspensión de las normas contenidas en el apartado IV números 2, 6 y 7 de la resolución impugnada, de modo tal que solo esas disposiciones no sean exigibles ni operen (...) de modo tal que las instituciones privadas que así lo estimen, encuentren en posición de objetar conciencia y no realizar abortos en sus centros", señala el documento al que tuvo acceso La Tercera.

El 22 de enero fue publicada en el Diario Oficial la resolución 61, que regula la objeción de conciencia (personal e institucional). El documento regiría también para la Red Salud UC Christus, de carácter privada, ya que mantiene desde 2003 un convenio con el Ministerio de Salud donde realiza prestaciones de salud ginecobstétricas en el Servicio Metropolitano Sur Oriente. Por esta razón, según indican desde la institución,no podrían negarse a realizar la intervención. Sin embargo, la ministra de Salud (s), Gisela Alarcón, señala que "lo que la UC tendría que hacer es derivar (a la paciente) al centro de alto riesgo obstétrico". Y agrega que con esto, "ni el convenio ni la UC debieran correr riesgo al declararse como objetora de conciencia institucional por tener este convenio".

El Minsal debe informar a la Corte en los próximos días sus argumentos sobre la elaboración del protocolo.