“La cosa se puede poner fea”.

Eran las 22.16 de la noche del viernes y esta frase era repetida casi textual por altos mando de Carabineros y en el Ministerio del Interior. Ya habían pasado casi cinco horas de un atentado en la comuna de Carahue, en La Región de La Araucanía, que había dejado a persona fallecida y que se sospechaba podía ser el hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Ernesto Llaitul Pezoa (26). Nada estaba confirmado y nadie quería dar un paso en falso.

El primero en entregar esta identidad públicamente fue el werken Mijael Carbone Queipul, quien a través de un video en redes sociales dijo que “nos hemos acabado de enterar de la lamentable caída de nuestro hermano en combate Ernesto Llaitul, hijo de Héctor Llaitul”. El líder de la Alianza Territorial Mapuche sostuvo que el joven de 26 años “cayó en combate”.

A pesar de que parlamentarios, los candidatos presidenciales Gabriel Boric (CS) y Daniel Jadue (PC), y otras autoridades mapuches, daban por hecho que el fallecido era el hijo de Llaitul, en el gobierno y la policía preferían guardar silencio. Carabineros, por su parte, una vez que dispararon al joven y vieron que estaba muerto, no tocaron más, ni menos le sacaron la capucha.

La Fiscalía Regional de La Araucanía quedó a cargo del procedimiento y el reconocimiento del cuerpo, por lo que se dispuso la concurrencia de la PDI para corroborar quién era el fallecido. Por lo mismo, se solicitaron peritos para el registro de las huellas dactilares del joven encapuchado que tenía un disparo en la cabeza.

Pero, antes de despejar quién era la persona muerta, los investigadores comenzaron a reconstruir qué había pasado. Los hechos recopilados por el Ministerio Público, la PDI y Carabineros coinciden en que a las 17:50 de la tarde siete personas encapuchadas llegaron hasta el fundo santa Coy Coy, en Carahue, premunidos de armas largas.

El grupo asaltó a personal de la forestal que estaba cumpliendo faenas en el lugar, y que eran escoltados por dos carabineros que estaban de punto fijo en el lugar. Los policías cumplían una orden de la Fiscalía de “medida de protección”, desde mayo, dado que este año se había registrado otro atentado en ese predio.

Pues bien, cuando llegaron los encapuchados, según los antecedentes del caso, los carabineros de punto fijo se comunican por radio con otros dos carabineros que los relevarían para el siguiente turno. Estos, como ya iban en camino, estaban muy cerca del lugar, por lo que llegaron en cosa de minutos en medio de un enfrentamiento cruzado.

Es en eso, dicen fuentes consultadas del Ministerio Público y Carabineros, que uno de los carabineros que venía a relevar abre fuego e impacta en la cabeza a uno de los encapuchados. El resto de los asaltantes se dio a la fuga y escapó hacia un terreno boscoso. En tanto, a metros del lugar, Ceferino Alberto González Maraboli, trabajador forestal, estaba gravemente herido y tres maquinarias habían sido incendiadas.

González permanece internado en el Hospital Regional de Temuco, conectado a un respirador artificial y en riesgo vital.

Mientras los peritos de la PDI avanzaban para confirmar quién era el fallecido, el Ministerio Público inició la ronda de declaraciones con los cuatro carabineros involucrados en el caso. Estuvieron casi toda la noche prestando su testimonio y finalmente quedaron apercibidos al artículo 26 del Código Penal, es decir, citados ante futuros requerimiento del ente persecutor.

Sin embargo, en la Fiscalía, por ahora, prefieren esperar al avance de la investigación, por lo que no es definitivo si los policías serán o no formalizados en un futuro. “Se indaga no solo el atentado sino que también el fallecimiento de quien sería uno de los presuntos atacantes y el estado de gravedad de uno de los trabajadores lesionados”, dijo el fiscal Miguel Rojas.

En el sitio del suceso y al lado del fallecido se encontró un arma de guerra. Rojas indicó que “carabineros hace uso de sus armas de servicios generándose un enfrentamiento, resultando fallecido uno de los presuntos atacantes, quien vestían ropas oscuras y además portaba un fusil M-16″. El origen de esta arma está siendo analizada por la policía.

Finalmente, las huellas dactilares tomadas por la PDI confirmaron que el fallecido era Pablo Marchant Gutiérrez (29), miembro de la CAM, descartando que se tratara de Ernesto Llaitul. Este peritaje fue acompañado, además, del reconocimiento del cuerpo que hizo Héctor Llaitul, quien al ver el cuerpo de la persona muerta, aseguró que no se trataba de su hijo.

Quienes estuvieron en el lugar recordaron que Llaitul “estaba devastado cuando llegó”. Algunos, incluso, dicen que abrazó el cuerpo, mientras lloraba. Sin embargo, al abrir la manta que tapaba al fallecido, ayudado de la novia de Ernesto, quien iluminaba el rostro del encapuchado con su celular, se dio cuenta que no se trataba de “el nano”.

Pese a que no se trataba de su hijo, el líder de la CAM siguió golpeado, aseguraron. Esto, porque Pablo Marchant era un viejo conocido de la familia Llaitul, dado que fue pareja de una de las hijas de Héctor, Javiera Llaitul.

Otros testigos de la escena, también recuerdan un momento incómodo: la presencia de Llaitul no tenía muy contentos a los mandos de Carabineros y la PDI, dado que, señalaron, cuando hay policías heridos o fallecidos en las cercanías de las comunidades, estos no pueden ni entrar a estas zonas.

Una vez que se retiró del lugar, Llaitul apuntó a la policía. “No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo y como empezó a circular esa información, nosotros también lo suponíamos, pero cuando vimos el cuerpo vi que no era mi hijo, no era Ernesto. Hay un morbo terrible sobre que abatieron a mi hijo”, dijo más tarde al medio Interferencia.

Además, Llaitul sostuvo que “Pablo vivía en mi casa, es un militante nuestro, murió combatiendo, por lo que lo vamos a reivindicar. Una ORT de la CAM que se llama Lafkenche-Leftraru, en una acción de sabotaje a la forestal Mininco a una faena custodiada por Carabineros. Desarrolló una acción de sabotaje. En ese contexto Carabineros se enfrenta a los weichafe y resultan heridos dos, uno abatido en el lugar y otro que está arrancando por los cerros herido. Esa es la situación”.

En Carabineros descartan esta versión y aseguraron que el “rumor” sobre la identidad llegó desde la propia CAM y las comunidades mapuches, dado que hasta ahora no se sabe dónde está Ernesto y se sospecha estaría escondido en La Araucanía, pues también habría participado del atentado. Esto último está siendo indagado por el Ministerio Público y la PDI.

Ernesto Llaitul, alias el “nano” y Pablo, no son desconocidos para los investigadores del Ministerio Público y las policías. Ambos mantienen detenciones previas en la zona y son sindicados como miembros activos de la CAM.

El grupo mantienen un conflicto con los comuneros mapuches que trabajan en forestales, donde se desempeñan como trabajadores. Eso ha abierto una pugna al interior de los grupos radicales de la zona, lo que para las policías, quedó evidenciado con el atentado de anoche.

Ernesto Llaitul ya había sido detenido por Carabineros. Primero, en 2015 por desórdenes y amenazaa en Cañete; y luego, en 2017, fue uno de los sospechosos de la denominada “Operación Huracán”, caso que finalmente fue indagado por la Fiscalía por la manipulación de pruebas de la policía uniformada.

Pablo Marchant, en tanto, en 2016, fue arrestado por el ilícito de maltrato de obra a Carabineros, en Concepción.

La muerte Marchant no ha dejado indiferente a la Convención Constituyente. Por medio de un comunicado, los convencionales del Colectivo Socialista exigieron al Gobierno, Ministerio Público y tribunales, “la máxima celeridad en la investigación y esclarecimiento de la muerte del weichafe”, continuando con que es “imprescindible” para la paz social y el respeto por “nuestros hermanos mapuche” que los responsables del hecho respondan ante la justicia.

El jueves 8 de julio, la Convención Constituyente emitió una declaración con respecto a la situación de los “presos de la revuelta” y la situación vivida en la Araucanía, pidiendo “la inmediata desmilitarización del Wallmapu” y el apoyo de una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan “ejercicio de derechos territoriales, culturales y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintivas a la privación de libertad”.

Distintos actores políticos también han dado sus opiniones sobre lo ocurrido en Carahue.

Yasna Provoste, Presidenta del Senado, indicó por medio de su cuenta en twitter que el gobierno ha estado “ausente y que insiste en la militarización”, no asegurando “la paz social ni el respeto por los Derechos Humanos, condiciones imprescindibles para avanzar en el diálogo y el respeto”.

Paula Narváez, candidata presidencial por el PS, PPD, Partido Liberal y Nuevo Pacto, señaló que lo sucedido en Carahue “es un hecho gravísimo que debe ser investigado con profundidad, premura y transparencia”, y que estarán a la espera de información por parte del Gobierno y la policía.

El candidato presidencial Daniel Jadue lamentó lo sucedido con Marchant y exigió “inmediata aclaración y justicia plena”.