Ese 28 de junio de 2023, Johan Pérez entraba al growshop que fundó en Ovalle. Él, un ovallino de 40 años, apodado “El Talento”, tuvo una idea el 2019 de importar semillas de cannabis desde el extranjero. Aunque es legal importar semillas de marihuana, se requiere contar con una autorización especial del SAG. Pero Pérez no cumplía esto: las pasaba por contrabando, evadiendo los controles de Aduanas.
Con el tiempo, la idea de Pérez creció. Así fundó un growshop: una tienda dedicada a la venta legal de semillas de cannabis, además de insumos para cultivar esta planta: maceteros, abonos, luces que simulan la luz del sol, entre otros. Para administrar el negocio, Pérez llevó a Patricia Aranda, una ovallina de 45 años que trabajó casi desde el inicio de la idea.
Pero esa tarde de junio, Aranda quedó preocupada. Llamó a su hija Diana Muñoz, una estudiante de Derecho que la ayudaba con los temas legales de la organización. Le dijo que Pérez, “El Talento”, le pidió emitir 17 boletas, pero que luego el mismo Pérez fue al local a emitir 26 boletas.
La PDI seguía de cerca los pasos de Pérez y Aranda. Por eso, esa escena -de la que se enteraron por escuchas telefónicas- les mostró algo: se entendía que Pérez confeccionaba boletas ideológicamente falsas para justificar el IVA. “Ello es relevante, ya que confirmaría que ‘El Talento’ tiene una sociedad de pantalla, que usa para lavar dinero”, dice un informe policial sobre la causa.
Detrás de esa fachada de legalidad, señala la acusación de la Fiscalía, existía otra intención: tener growshops era para disfrazar que la banda del “Talento” en realidad tenía sus propias plantaciones de marihuana. Pronto, la policía bautizó a la investigación con un nombre clave: Diamante Verde.
Las escuchas policiales empezaron a principios de 2023 y abarcaron más de 40 números celulares. Así, la policía encontró que “El Talento” tenía todo un engranaje para producir y vender marihuana: las semillas eran importadas y distribuidas en sitios donde plantaban la cannabis en los alrededores de Ovalle. Entre ellos, Punitaqui, Campanario y Monte Patria. Pronto llegaron a tener miles de plantas a su haber. El kilo de marihuana era vendido a 700 mil pesos.
En poco tiempo, el dinero que había hecho Pérez lo llevó a amasar grandes ingresos. Era tanto así, que en julio del 2023, en una llamada con su ejecutiva del banco Bci, Pérez cotizaba un crédito de consumo de 70 millones de pesos. Para avalarlo, el hombre decía que los ingresos de dos empresas que mantenía respaldaban su capacidad de pago: los growshops eran una de ellas.
Además de Aranda, Pérez trabajaba con Juan Pizarro, su mano derecha, quien también lo acompañaba a comprar semillas en el extranjero. Ellos tres eran las cabezas de la organización. Pero, además, una veintena de otras personas participaban de la operación: entre familiares de Aranda, parejas de sus hijas y conocidos fueron ingresando inversores, vendedores y trabajadores a las plantaciones.
Esa maquinaria duraría poco más.
La mañana del 26 de agosto pasado, la PDI llegó a 29 domicilios de Ovalle al mismo tiempo. El resultado fueron 23 detenidos: la mayoría en esa ciudad, otros en parcelas aledañas en la comuna, y otros dos -uno de ellos “el Talento”- en Calama.
La investigación también llevó a la PDI a una plantación de cannabis de la banda ubicada en Mantos de Hornillos, a una hora al sur de Ovalle, cerca del parque eólico que está en la Ruta 5 Norte. Lo que hallaron los sorprendió: 1.663 kilos de marihuana procesada, lista para venderse. Es decir, unos 5 mil millones de pesos en cogollos.
Tres días después, el jueves 29, se celebró la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Ovalle. El Ministerio Público le imputó a la banda los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Esto tenía conformes a las autoridades de la región y a los investigadores: sentaron frente a la justicia a una banda que había costado un año y medio capturar.
Pero el éxito de la operación dio un vuelco. A la hora de imponer las medidas cautelares, el juez Luis Muñoz Caamaño decidió aplicar la prisión preventiva. Pero lo hizo bajo el concepto de “riesgo de fuga”, no porque la libertad de los imputados fuera un “peligro para la sociedad”.
Según la ley chilena, la prisión preventiva por “riesgo de fuga” es distinta a la que se aplica “por peligro para la sociedad”. La primera permite pagar una caución, o fianza, para evitar ir a la cárcel. El monto lo fija el tribunal. Muñoz fijó la caución, o el monto a pagar para sustituir la cárcel, en dos millones de pesos para cada imputado.
El juez justificó su decisión. Dijo que el tráfico “está claro que concurre”, por las plantaciones que encontraron. Pero que el lavado de activos no estaba siendo probado por sólo mostrar bienes comprados. “La adquisición de bienes corresponde a utilizar los dineros, pero no hay ahí un blanqueamiento”, dijo el magistrado, refiriéndose a los autos que se le encontraron a la organización: algunos de más de 30 millones de pesos.
Lo que dijo después es que si bien había una agrupación, no lo convenció la idea de que esta fuera una organización ilícita.
-Ni siquiera hay brazos operativos o armados, como para suponer que hay una gran organización destinada a traficar, destinada a proteger a los traficantes con este tipo de alcances -dijo-. Hay una agrupación, pero sin organización o, por lo menos, una organización precaria es la que se expone aquí.
El dinero, señalan fuentes en el tribunal, fue pagado casi de inmediato. Pero esos $44 millones, dice el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, es altamente probable que hayan venido de la venta de droga.
Ese día, la banda del “Talento” quedó a la espera de que siguiera su proceso penal. Pero en libertad.
Los lujos del “Talento”
El alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, no entiende cómo la banda de Johan Pérez, “El Talento”, quedó libre. Dice que esto no se condice con los problemas que ha traído el narco a su comuna.
Acuña relata que desde el fin de la pandemia esas tierras han visto el auge de plantaciones ilegales de marihuana. Esto se potencia por varias cosas: la primera es que el clima es propicio para que esta especie crezca con fuerza. La otra, es que la cantidad de valles y quebradas que rodean su ciudad entrega vastos terrenos para plantar, que también dificultan la vigilancia policial.
El narcotráfico ha traído problemas graves, añade Acuña.
-El año pasado fuimos incorporados al Plan Calles Sin Violencia, porque somos la comuna en toda la Región de Coquimbo con más homicidios -dice el edil-. Eran siete hasta abril del año pasado. Todos ellos estaban relacionados al narcotráfico.
Lo otro que le llamó la atención al alcalde era el poder adquisitivo que tenía esta banda.
-No se condice con la realidad de nuestra comuna. Acá la gente se dedica a la agricultura o a criar animales. Son montos que nunca habíamos visto.
Lo que dice el alcalde concuerda con algo más: el ingreso medio en la Región de Coquimbo el 2022, según el INE, fue de $450 mil pesos.
Cuando la banda del “Talento” cayó, la PDI entendió la magnitud de su poder económico.
Uno de los primeros domicilios al que llegaron el día del allanamiento fue al de Patricia Aranda, en la calle Chardonnay, en un condominio al sur de la ciudad. Ahí, donde vivía con sus dos hijas, también imputadas, encontraron una bolsa de color rosado que decía “Feliz Cumpleaños”. Al abrirla, encontraron 19 millones 530 mil pesos. En otro mueble hallaron un millón más.
Su patio también hablaba de lujos para un ovallino promedio, específicamente, dos camionetas: una Peugeot 3008, que ronda los $20 millones, y una Toyota Fortuner, que puede alcanzar los $30 millones.
La compra de automóviles, de esos que la policía llama “de alta gama”, era algo extendido en la banda. Entre los que la PDI encontró en su investigación figuraban un Ford Mustang GT, que en el mercado cuesta $53 millones y una Dodge Ram, que se puede encontrar hasta en $70 millones.
Según un informe de la carpeta investigativa, otro de los miembros de la banda, Hans Aranda, invertía el dinero en un pasatiempo ostentoso: compraba caballos finasangre para que corrieran en “carreras a la chilena”. En otros allanamientos encontraron carteras Michael Kors y ropa costosa.
Pero lo que más le resuena al alcalde era que la banda poseía armas. Por eso le resuena la decisión del juez de Ovalle.
En la casa de Raquel Rojas (45), en Ovalle, donde vivía con su hijo, encontraron una bolsa dentro de un cajón con 10 gramos de cannabis y una caja con 46 balas de pistola 9 milímetros.
En tanto, Luis Espínola Julio, un mediocampista del club de fútbol Provincial Ovalle, de la Segunda División, también fue envuelto en la causa. La PDI lo detuvo en un auto junto a Iván González. Los policías los notaron nerviosos. Cuando revisaron el auto, encontraron una pistola Smith & Wesson calibre 380, con dos cartuchos.
El delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Galo Luna, siguió de cerca el caso. Dice que esta es una incautación histórica de droga en la región.
-La investigación contó con más de 100 funcionarios trabajando durante un año y medio. El resultado fueron 18 vehículos de alta gama incautados, armas de fuego -una subametralladora entre ellos- y $ 280 millones en efectivo incautados. El patrimonio de la banda llega a los mil millones de pesos, entre bienes y efectivo.
El fiscal regional subrogante de Coquimbo, Eduardo Yáñez, también celebraba el éxito de la operación por lo que significó.
-Eso es un ejemplo del lavado de activos: los ingresos que ellos generaban por la venta y la comercialización de la marihuana se traduce en la compra de bienes que no corresponden a sus ingresos.
La decisión del juez
La decisión del juez Muñoz de decretar prisión preventiva por peligro de fuga, en vez de “peligro para la sociedad”, dejó en libertad a los 23 imputados mientras avanzaba el proceso judicial.
La Fiscalía reaccionó de inmediato y puso un recurso de apelación ante la Corte de La Serena, que dio orden de no innovar a la decisión del juez. Es decir: los 23 imputados pasaban a estar automáticamente prófugos desde ese momento. El tema es que no aparecieron más.
Las visiones ante el fallo de Muñoz también dividieron al mundo jurídico y político.
Carlos Gajardo, exfiscal jefe de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente, cree que Muñoz cometió dos errores.
-Por un lado, el no decretar la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Decir que una organización así solo tenía “riesgo de fuga” es un grave error del entendimiento de la causa desde el juez.
Gajardo continúa su argumentación.
-Luego, el señalar que el lavado de activos no se configuraba, porque solo se estableció que los imputados habían hecho adquisiciones de bienes, bueno, eso es no entender cómo funciona el lavado de activos.
La base de lo que ocurrió, explica Gajardo, es una modificación al Código Procesal Penal del 2008.
-Fue la llamada “Ley Agenda Corta”. Permitió que la Fiscalía pueda apelar verbalmente en los casos en que el juez denegaba la prisión preventiva. Pero no consideró casos como este, donde el juez sí la otorga -explica-. Por ende, la Fiscalía tiene que generar un escrito para la Corte de Apelaciones, se tiene que admitir, y en ese tiempo se pierden tres o cuatro días.
Son esos días perdidos los que, para los persecutores de la causa, van a definir el futuro del caso. Aún las policías están en búsqueda de los miembros de la banda, que están prófugos. Solo una fue detenida: Javiera Alfaro, pareja de Gabriel Pérez, uno de los principales productores de marihuana.
Las reacciones a la decisión del juez también llegaron desde el Ejecutivo. El pasado jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se quejó por la decisión del juez.
“Por lo mismo es que señalamos nuestra preocupación y nuestra opinión de que la decisión que se había tomado tenía enormes riesgos”, afirmó. Y añadió que consideraban emprender acciones contra el magistrado.
“Nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez que se inhabilite en lo sucesivo en lo que se refiere a ver esta causa. Es una evaluación que estamos haciendo, porque ya la situación que se provocó genera hacia el futuro, que es lo que nos importa, porque esta investigación está en proceso, tiene que haber un juicio y tiene que haber finalmente una condena”, lanzó la ministra.
Otro poder del Estado también se sumó a las críticas. El diputado Ricardo Cifuentes (DC) calificó la decisión como un “descriterio”. En tanto, el UDI Juan Manuel Fuenzalida criticó “este tipo de decisiones que no se ajustan a los tiempos reales en materia de crimen organizado”.
Pero hay miradas controversiales que rechazan estos cuestionamientos.
Para Mauricio Duce, académico de la Escuela de Gobierno de la PUC y parte del equipo técnico que redactó la Reforma Procesal Penal, lo que hizo el juez Muñoz está dentro del marco legal. Además, dice que no está de acuerdo con las críticas al magistrado.
-Lo que está ocurriendo en la práctica es que el solo hecho de que un delito tenga una pena grave se entiende de inmediato que traerá prisión preventiva. Pero eso es incorrecto: la gravedad es solo uno de los criterios a considerar para aplicar esa medida preventiva. Hay otros, como si entorpecerá la investigación o si cometerá nuevos delitos.
Además, Duce problematiza con algo más: las opiniones de otros poderes del Estado respecto de una decisión del Judicial.
-El sistema político tiene que ser más recatado con las decisiones judiciales. Una cosa es discrepar de ellas, pero otra es hacer calificaciones del juez. Eso es peligroso en un Estado de Derecho. Porque los congresistas son los que deciden el futuro de estos jueces en su carrera profesional, por los nombramientos.
Duce sigue esta idea.
-Entonces, ¿qué queremos? ¿Jueces que fallen de acuerdo a su genuina y honesta apreciación del derecho en un caso? ¿O jueces que están pensando en cómo me va a mirar el político de acá al futuro?
Este viernes la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la libertad de los imputados que declaró el juez Muñoz. El fiscal regional (S) Yáñez celebró la decisión.
El delegado presidencial Luna vuelve a subrayar su postura.
-No vamos a calificar la labor de un tribunal, pero sí nos preocupó bastante. A nuestro juicio, si se considera el poder de fuego de la banda, el nivel de patrimonio, el poder adquisitivo y lo nocivo de la actividad que desarrollan, sí constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.
Pero lo que a Luna le inquieta es algo más: aún hay 22 prófugos dando vueltas.
