¿Un nuevo estallido? 64% cree que protestas volverán con más fuerza que antes
Encuesta Criteria muestra fuerte validación de las movilizaciones como herramienta para lograr cambios. Un 67% dice que la violencia no es la forma de presionar, pero 39% piensa que ese es el único modo de hacerse escuchar.
Si comparáramos el malestar social con la energía telúrica, el estallido del 18 de octubre sería como un terremoto que no liberó toda la rabia acumulada.
Esa figura describe lo que piensan muchos chilenos hoy, que es que las protestas resurgirán en los próximos meses. Y es lo que refleja la última encuesta Criteria, que midió la percepción de la población respecto de las movilizaciones, confirmando que la ciudadanía piensa que estas volverán.
Según el sondeo, el 64% cree incluso que las protestas ahora serán más fuertes que antes, como un “estallido 2.0”, cifra que llega al 75% entre quienes consideran que su situación económica es mala. Además, tres de cada cuatro personas piensan que las movilizaciones reflejan que la sociedad está despertando y las ven como buenas para el país.
Cristián Valdivieso, director de Criteria, plantea que “las movilizaciones quedaron instaladas después del 18 de octubre como una experiencia positiva para la gente, no solo en su dimensión performática, como el caceroleo y la marcha, sino que por su capacidad de generar cambios y porque les permitió salir de un ensimismamiento angustioso, encontrando en la capacidad colectiva la posibilidad de presionar por cambios”.
“También se instaló la idea de que, como la clase política no fue capaz de hacerse cargo de las demandas sociales, es la sociedad la que tiene que presionar y movilizarse. Por eso la gente siente que las protestas volverán con más fuerza que antes”, añade.
Según Valdivieso, la aprobación del retiro del 10% de las AFP en el Congreso ayudó a validar las protestas, pues la gente lo sintió como un triunfo propio. “A pesar de que no hubo movilizaciones, la gente se expresó con fuerza en las redes sociales y en las encuestas”, dice.
Además, la gente hace una distinción entre las protestas y la violencia. Así, si bien valida las primeras, el 67% señala que la violencia no es un medio legítimo para presionar, aunque un 39% está de acuerdo con que los hechos violentos son la única manera de hacerse escuchar.
Para Valdivieso, es preocupante que un tercio de la población vea la violencia como un método legítimo para presionar cuando los motivos son justos. Para desactivar eso, dice, la clase política debe hacerse cargo de las demandas.
Otro “terremoto”
Tal como lo dice la encuesta, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, cree que el “terremoto” del 18 de octubre no liberó toda la rabia, por lo cual existen posibilidades de un nuevo estallido.
“No salió toda la energía, porque la pandemia encapsuló el malestar. Pero esa energía no está siendo encauzada para cuando se comiencen a dar las condiciones para que la gente vuelva a la normalidad”, ejemplifica.
Moreno dice que la palabra “malestar” podría resumir esta situación, pues refleja no solo los 30 años de rabia, sino que el enojo por el manejo de la pandemia, los problemas para obtener el bono de $ 500 mil y hasta el mal servicio de las empresas de internet.
A su juicio, la forma de encauzar el malestar es a través del proceso constituyente, “pero el gobierno no ha sido un impulsor de eso y ha tomado distancia. Ha dejado que se le vea como un gobierno por el ‘rechazo’ y creo que eso es un error”, añade.
Para Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, la encuesta muestra un choque de dos problemas: la necesidad de cambios y la irrupción de la violencia como un método válido de expresión. “Eso provoca que se retrase toda la discusión de las reformas, le juega en contra”, plantea.
¿Habrá más protestas?
“Si no se resuelven las demandas sociales que originaron el estallido, entonces se está trabajando por el estallido”, añade Müller, ejemplificando con la discusión del proyecto de la Pensión Básica Solidaria, que está congelada en el Congreso.
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