Con fecha 4 de julio del presente año Londres 38, vía Ley de Transparencia, solicitó a Gendarmería el listado de todos los internos que cumplen o han cumplido condena en Punta Peuco, sus edades, motivos y los casos por los cuales se encuentran privados de libertad.

Dicha solicitud fue parcialmente acogida, por cuanto "los organismos públicos que someten a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones o faltas administrativas, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena", por lo que se determinó tarjar cierta información.

Junto con esto, Gendarmería envió notificación a los internos que supuestamente se podrían ver afectados con esta solicitud, pues la divulgación de sus datos provocaría "un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada". Asimismo, hacen presente que puestos en conocimiento, los reos manifestaron de manera expresa su negativa a la entrega de la información.

No conformes con esta respuesta, el 31 de agosto Londres 38 recurrió de reclamo ante el Consejo para la Transparencia, insistiendo en la importancia de acceder a estos datos, en pro de la transparencia de lo relacionado con los delitos de lesa humanidad, "considerando además nuestro derecho como agentes de memoria".

"La información no busca intervenir en la vida personal de dichos condenas, sino, por el contrario, se centra en sus víctimas, las cuales tienen derecho a conocer la información precisa respecto de la ejecución de la justicia en estos casos considerados como crímenes. Contar con la información solicitada, hace parte de las acciones que el Estado debe realizar para garantizar la no repetición de este tipo de crímenes", sostienen en el documento.

Para zanjar este asunto, el Consejo aún tiene plazo para resolver, pues de acuerdo a la fecha de ingreso de la solicitud, los 120 días se cumplen el 29 de diciembre. Consultados por La Tercera, prefirieron no emitir declaraciones, pues de hacerlo, el consejero en cuestión tendría que inhabilitarse de participar en la decisión.

Por su parte, Gloria Elgueta, miembro de la mesa de trabajo de Londres 38 les pide desde ya que puedan resolver en favor de ellos, por cuanto no se trata de "datos sensibles de las personas, si no de resoluciones de poderes del Estado en donde se han establecido determinadas condenas y que, por afectar a una serie de personas, deberían ser públicas, como lo fueron las condenas y el proceso".

"Los beneficios, los indultos y las demás decisiones deberían ser igualmente públicas, ese es el principio básico. Cómo podemos avanzar hacia una mayor transparencia de los actos del Estado, si en estos temas ha habido un criterio que ha primado el secretismo. Con esto se está promoviendo la impunidad, porque lo que hoy conocemos es una larga cadena de decisiones y acontecimientos que permiten el encubrimiento sistemático", comenta a La Tercera.

En tanto, el abogado que representa a los internos, Raúl Meza cree que el requerimiento es "manifiestamente ilegal e inconstitucional".

"Hemos instruido a todos los internos de Punta Peuco que se nieguen absolutamente a entregar todo tipo de información sobre sus identidades, condenas, años de estas, solicitudes de beneficios y concesión de los mismos, por vulnerar la garantía constitucional del derecho a su integridad física y psíquica y a su seguridad personal y al derecho que tienen a su privacidad e intimidad y que les garantiza nuestra Constitución Política", agrega, recordando que la información "está protegida por el secreto y la reserva"

De acogerse este requerimiento, adelanta, recurrirán "de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir el acceso de esta sensible información".

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