En octubre de 2018, dieciocho personas fueron arrestadas y señaladas como posibles responsables de estafas cibernéticas por más de $ 4 mil millones. El grupo se hacía llamar los "Zares de la Web". Pese a la envergadura del grupo, entre ellos había una persona que destacaba por sobre el resto: Marco Almonacid Marchant, líder y quien estaba a cargo de organizar la obtención de claves de seguridad y el acceso a cuentas virtuales. Una vez detenidos por funcionarios de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, Almonacid ingresó en octubre de 2018 a prisión preventiva al penal Santiago I, donde permaneció hasta abril pasado, cuando fue trasladado a la ex Penitenciaría.

Es en este último lugar donde funcionarios de Gendarmería se percataron que este "Zar" se las había ingeniado para ingresar a prisión todo lo necesario para continuar con sus actividades delictuales: un computador, dos celulares, un mouse, una fuente de poder y un cable de corriente. Pero esta situación no solo demostró la acción de Almonacid, sino que también dio cuenta de un foco de corrupción entre los uniformados, quienes habrían posibilitado la entrada de los artefactos a la cárcel.

Según fuentes de la investigación, durante su declaración al Departamento de Investigación Criminal de la institución, Almonacid reconoció que le pagó a un cabo de Gendarmería para que éste le ingresara los elementos. Esto hace ya cinco meses. De acuerdo al propio interno, la remuneración para el uniformado se realizó a través de una tercera persona, quien se juntaba con el efectivo al exterior del penal, específicamente en las cercanías de la estación Pedro Aguirre Cerda del Metro de Santiago, para hacerle entrega periódicamente de dinero.

Una vez descubiertos los hechos, Gendarmería denunció la situación a la Fiscalía Metropolitana Sur, ente que instruyó a Cibercrimen para incautar y analizar el computador y otros elementos, así como realizar las diligencias al interior del penal. Por su parte, Gendarmería dio marcha a un sumario interno hacia los funcionarios mencionados por Almonacid.

De acuerdo al subdirector operativo de Gendarmería, coronel Pablo Toro, "dentro de la información que se está conociendo, todos los elementos incautados fueron levantados por Gendarmería junto con toda la información que se generó tras una breve indagatoria. Hay nombres de personas externas, de funcionarios, pero todo eso forma parte de la investigación que fue denunciada al Ministerio Público".

Timbre

Además de los artefactos tecnológicos, hubo otro objeto que llamó la atención de los uniformados a cargo del procedimiento: una réplica de timbre para el control de ingreso y salida de visita desde la cárcel. En su declaración, Almonacid indicó que el timbre fue ingresado al penal por una persona como encomienda pública y su objetivo era venderlo a otros internos que pretendieran vulnerar los controles de seguridad del sector de la visita.

Además, y de forma muy llamativa, Almonacid contaba con su carnet de identidad en su poder, pese a que la cédula de los internos les es retenida.

Se trata del tercer hallazgo público que Gendarmería realiza durante las últimas semanas y que tiene relación con situaciones de irregularidad al interior de las cárceles. Primero se trató del Módulo Beta de Colina II, el sector más peligroso de las cárceles chilenas, controlado por narcotraficantes y que poseía una serie de tecnologías y ostentaciones prohibidas por el reglamento penal. Luego, vino la celda de lujo al interior de la ex Penitenciaría, donde un individuo también condenado por narcotráfico poseía una serie de elementos de alta gama, como televisores, equipos de audio, sillones, entre otros.

"Todo forma parte del Plan Anticorrupción, en términos de identificar lugares y personas que dentro del recinto cometan ilícitos, todo con el objetivo de contribuir de manera positiva a la paz social", indicó Toro.