Llevar adelante una agenda de seguridad contundente -y libre de polémicas- ha sido una tarea compleja para el gobierno. Ya en el comité político del 14 de abril fue uno de los temas que tensionaron la convivencia entre los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, sin embargo, La Moneda insistirá en sacar adelante cada uno de los proyectos que se fijó para este año.
Uno de ellos es la iniciativa para fortalecer el rol preventivo de los municipios, a través de modificaciones a Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual será despachado al Congreso, durante la próxima semana por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El proyecto que ingresará el Ejecutivo busca dotar a los municipios para que cumplan tareas de Seguridad Pública y Prevención del Delito, definiendo por ley el rol coadyuvante que deben cumplir con las policías. Esto permitirá crear -explican desde el gobierno- una “nueva institucionalidad”, disponiendo de “instrumentos de planificación territorial que incluyan un enfoque de seguridad”.
El fortalecimiento a los municipios, sin embargo, no solo estará dado por un mayor marco administrativo a la hora de dotar sus direcciones de Seguridad, sino que también el proyecto busca entregar mayores insumos y facultades a los inspectores municipales.
“Con el afán de proteger la vida e integridad física de estos nuevos funcionarios/as, se faculta al municipio a dotarlos de elementos defensivos, tales como casco, chaleco antibalas y/o anticortes, esposas, bastones retráctiles y dispositivos de gas pimienta orgánico, no pudiendo usar elementos cortantes, punzantes ni armas de fuego”, explican desde la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Actualmente, los inspectores municipales no están autorizados a portar este tipo de elementos, pues no cuentan con un marco normativo que les permita el uso de las denominadas armas no letales. Estas facultades solo las tienen las policías.
Es más, en noviembre del 2021, Contraloría frenó el uso de gas pimienta, lumas y cascos por parte de los funcionarios de seguridad de Las Condes. “Los cuerpos armados establecidos por el ordenamiento jurídico para tal efecto son de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, y no las municipalidades, lo que la aludida entidad edilicia deberá tener presento en lo sucesivo”, dictaminó el ente contralor.
Conocedores de los alcances del proyecto de ley precisan que de igual forma, los guardias no están facultados para detener a personas que cometan delitos, sino que solo puede “retener” a quienes sean sorprendidos delinquiendo, pues la facultad de arresto solo está entregada a las policías.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explicó que “desde el año 2016 que no se hacen mejoras a la orgánica de las municipalidades para dotar a los municipios de atribuciones en materia de prevención del delito. Resulta fundamental fortalecer la actual institucionalidad de las municipalidades en esta materia, regulando por ley a nuevos actores, específicamente los inspectores (as) de seguridad del municipio, las organizaciones comunitarias funcionales de seguridad, la prevención por diseño urbano y, por sobre todo, maximizar el rol del Estado en su conjunto, fortaleciendo el rol de los gobiernos comunales”.
En la Dipres ya cuentan con el borrador del proyecto y lo que costaría implementar cada una de estas medidas. En el gobierno estiman que se necesita que la iniciativa del Ejecutivo cuente con recursos importantes, dado que los municipios por si solos no podrían sostener cada una de estas mejoras.
Las otras facultades
En el gobierno indicaron que las modificaciones a esta normativa forman parte de una promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, destacando que, además de dotar de elementos disuasivos y de control a los inspectores, también se pretende crear una agravante genérica en el Código Penal, cuando la víctimas de un homicidio o lesiones sea un guardia municipal.
También, esta iniciativa legal busca incorporar un nuevo estatuto funcionario, donde quienes ejerzan como vigilantes municipales deberán cumplir requisitos de ingreso, donde dentro de sus funciones será fundamental el apoyo y coordinación permanente con las policías en áreas como patrullaje preventivo mixto o control de medidas cautelares, accesorias y de protección en contexto de violencia intrafamiliar, para lo cual deberá celebrarse un convenio entre el municipio y Carabineros.
Otros puntos que considerará la propuesta del Ejecutivo es fortalecer la Dirección de Seguridad de los municipios, creando un Registro de Seguridad Pública, coordinado con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que incluirá el diagnóstico de la comuna en seguridad.
La colaboración interinstitucional también aparece como foco de la iniciativa, pues se busca aprobar que las policías y los municipios compartan, mensualmente, información de sus respectivos bancos de datos, para así tener la misma información estadística en materia de seguridad pública. Además, los alcaldes podrán requerir a Carabineros la dotación policial existente en el territorio, información que en la actualidad está calificada como confidencial.
Gustavo Alessandri, presidente Amuch, indicó que “desde ya estamos disponibles para debatir estas iniciativas en el Congreso, siempre con el objetivo de mejorar y potenciar las funciones en la seguridad municipal (...). Nuestras propuestas, precisamente, van en la línea de fortalecer a los equipos de seguridad ciudadana mediante la dotación de equipamiento técnico; facultar el uso de medios de protección ante la eventual agresión ilegítima ocasionada a equipos municipales que cumplen funciones de seguridad y la definición de protocolos de coordinación y actuación con los policías”.
