Uso indiscriminado de armas de fuego por parte de Carabineros y maltratos y torturas durante detenciones: las prácticas que denunció Human Rights Watch

Casos de uso indiscriminado e indebido de armas de fuego; disparo directo de gas lacrimógeno a manifestantes; maltratos, abusos sexuales y torturas durante las detenciones y denuncias de violaciones a los DD.HH. contra menores de edad. Estos son las prácticas que denunció Human Rights Watch en el reporte que dio a conocer a la ciudadanía este martes, en el marco de la investigación que realizó en Chile durante el estallido social.

El director del organismo para las Américas, José Miguel Vivanco, sostuvo que lo anterior "facilitó que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos". Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente".

En esta línea, Vivanco insistió en que estos casos "no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionados".

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Desde el 18 de octubre, al menos 1.015 personas resultaron heridas por impacto de perdigones disparados por carabineros en el contexto de las protestas. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), estas heridas afectaron tanto la parte superior como inferior del cuerpo. Entre las heridas más graves se incluyen las lesiones oculares. En el Hospital del Salvador, donde se ha atendido a la gran mayoría de los heridos, al 19 de noviembre el 77 % de las lesiones oculares habían sido causadas por perdigones, conforme indicó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. La segunda causa más frecuente fueron impactos de cartuchos de gases lacrimógenos.

Carabineros dijeron a Human Rights Watch que se les indica usar el arma a una distancia mínima de 30 metros y apuntar a la zona entre la rodilla y el tobillo, para evitar afectar áreas vitales de la parte superior del cuerpo. Sin embargo, a más de 45 metros, disparan en línea recta para asegurase de que los perdigones alcancen a los manifestantes, indicó un capitán del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), la fuerza de élite. Pero "las escopetas antidisturbios no tienen mira y, por ende, cada agente debe estimar la distancia de disparo en circunstancias que, por lo general, son estresantes y caóticas".

Las autoridades de Carabineros admiten que el uso de un arma con tan poca precisión conlleva un "alto riesgo". "No es un arma para hacer puntería", expresó el general director de Carabineros, Mario Rozas. El general Jorge Ávila, jefe de las Fuerzas Especiales, indicó que "el que la usa no controla la trayectoria de los perdigones". Debido a los diversos factores que afectan la trayectoria de los perdigones, incluso "cuando los carabineros disparan hacia las extremidades inferiores, es casi imposible cerciorarse de que los perdigones no impacten en la parte superior del cuerpo, lo cual eleva el riesgo de lesiones graves o posiblemente letales".

Sin embargo, "los altos mandos de Carabineros no parecen haber transmitido ese riesgo a los agentes rasos", consigna el reporte. Human Rights Watch entrevistó a tres carabineros que minimizaron el daño que podían provocar los perdigones. Un capitán expresó que es "muy difícil que un perdigón atraviese la ropa, incluso si (se dispara) de muy cerca", y un cabo señaló que era "imposible (que los perdigones causen) daño ocular grave".

El reporte relata que la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile publicó un informe el 18 de noviembre tras una investigación que concluyó que los perdigones estaban compuestos en un 80% por sílice, sulfato de bario y plomo, y un 20 % de caucho. "En una escala de rigidez, tienen el mismo grado de dureza que la rueda de un carro de supermercado. Otro estudio realizado por peritos médicos del Hospital Carlos Van Buren llegó a conclusiones similares tras analizar perdigones extraídos de pacientes".

El 19 de noviembre, luego de que se difundiera el informe universitario, Carabineros suspendió el uso de estas escopetas antidisturbios durante protestas, hasta tanto concluyera un análisis

externo de la composición de los perdigones. Se indicó que sólo podrán usarse "como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de

muerte". No obstante, asegura Human Rights, "incluso en esas circunstancias extremas, debido a la falta de precisión de las escopetas antidisturbios, los carabineros no pueden asegurarse de que únicamente impacten en el blanco".

El reporte de Human Rights Watch revela que "los carabineros también necesitan entrenamiento especial y una certificación anual para usar el arma antidisturbios de 37mm que lanza cartuchos de gas lacrimógeno".

Esto, porque pese a que se les indica que deben disparar hacia el cielo, para que la trayectoria del proyectil tenga un arco descendiente y caiga en el suelo detrás de la multitud (según expresó un capitán de GOPE), hubo señalamientos creíbles, asegura el organismo, "de que carabineros han disparado cartuchos de gases lacrimógenos directamente hacia los manifestantes, lo cual puede ser letal".

El documento, también consigna que "carabineros también parecen haber disparado cartuchos llamados "bean bag", una pequeña bolsa de tela que contiene perdigones de plomo, contra manifestantes. Están diseñados para ser disparados a las extremidades con el fin de reducir la posibilidad de lesiones. Sin embargo, ha habido al menos un caso en que la persona alcanzada por estas municiones en una manifestación sufrió heridas graves".

Desde el inicio de las manifestaciones hasta el 21 de noviembre, el INDH presentó 442 querellas ante el Ministerio Público en representación de víctimas de presuntas lesiones provocadas por

carabineros, tratos crueles, torturas, violencia sexual, tentativa de homicidios y homicidios. Desde que empezaron las protestas, el INDH ha presentado 341 denuncias vinculadas con

señalamientos de tortura y tratos inhumanos y 74 relacionadas con abusos sexuales.

Según consigna el reporte, una de las denuncias más comunes fue que los detenidos, incluidos niños, eran obligados a desvestirse y hacer sentadillas desnudos en comisarías. Los protocolos de Carabineros prohíben expresamente esa práctica, sin excepciones. Sin embargo, varios agentes indicaron a Human Rights Watch que "está permitida cuando se sospecha que la persona detenida puede llevar droga o algún arma oculta en cavidades corporales".

"Lo cierto es que hay carabineros que han ordenado el desnudamiento de personas en un contexto que sugiere discriminación contra mujeres y niñas y no se advierte que hayan tenido siquiera la creencia equivocada de que estas personas estuvieran intentando ingresar objetos de contrabando al lugar de detención. Según datos del INDH, es más probable que los carabineros obliguen a mujeres y niñas a desvestirse que a hombres".

El reporte también consigna el testimonio de una abogada chilena de derechos humanos que relató un caso "en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. A su vez, mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa. El INDH también documentó casos de amenazas de violación sexual, así como la violación sexual de cuatro hombres".

Durante la investigación, varias personas afirmaron haber sufrido abusos durante la detención, como que los agentes no llevaban placas con su nombre.

Las condiciones en las que los detenidos lesionados reciben atención médica son también preocupantes. Diversos carabineros indicaron que la ley les exige preguntarles a los detenidos si tienen lesiones y trasladar a los que digan que sí a centros médicos cercanos. Allí, se supone que los médicos hacen una evaluación independiente de las lesiones en un informe que puede usarse

en un proceso judicial. No obstante, los carabineros reconocieron que a menudo la revisión se realiza en cubículos sin suficiente privacidad. A su vez, los carabineros admitieron que a veces el mismo carabinero que realiza el arresto -y que podría haber maltratado al detenido- es quien lo lleva al centro médico para su revisión.

En tanto, la Defensoría de la Niñez ha recabado información sobre 327 casos de posibles violaciones de derechos de niños y niñas cometidas durante las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre: 118 presentaban lesiones físicas vinculadas con golpizas y 59 tenían lesiones causadas por perdigones y balas.

Por ejemplo, en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), el mayor centro médico cerca del lugar donde se produjeron las manifestaciones más multitudinarias en Santiago, el personal médico señaló a Human Rights que a menudo los carabineros intentaban observar los exámenes periciales y se resistían cuando los médicos les decían que se alejaran.