El fiscal nacional Ángel Valencia criticó la idea, presentada por la oposición, de reponer la justicia militar en el proyecto que de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).
Si bien en la Cámara de Diputados dicha indicación fue declarada “inadmisible”, han surgido voces que han señalado que buscarán reponerla en el Senado, donde se encuentra el proyecto ahora tras ser aprobado en la Cámara Baja el 3 de mayo.
Una de esas voces es la del diputado republicano Luis Sánchez, quien acusó que “el nivel de persecución que se está viendo en tribunales ordinarios de justicia es inaceptable” y anunció que se insistirá en la indicación en el Senado.
En específico, la indicación, aprobada por las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, pretendía devolver a la justicia militar los casos en que militares o policías incurren en un delito cumpliendo labores de orden público.
En entrevista con radio Duna, Valencia dijo que esto “no era una buena noticia”. “Es una mala señal. Es una mala señala si esa decisión se fundamenta en desconfianza, en que se considere que no hay suficiente capacidad técnica. O muy mala señal si se fundara en que se estima que no es suficiente objetividad por parte de la institución o suficiente imparcialidad por parte de los tribunales de justicia”.
En ese sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público dijo: “Entiendo que esa no es la posición mayoritaria, pero si ese fuese el fundamento sería una muy mala señal. Y lo dice un fiscal que le preocupa el planteamiento, pese a que nosotros tenemos harto trabajo. O sea, perfectamente podríamos decir, ¿sabes? Ya tenemos que investigar al año 1.400.000 causas, así que si alguien quiere sacarnos alguna para que la investigue la justicia militar en Chile, que por supuesto forma parte del Estado de Chile, está sujeta al derecho chileno y con todas las garantías y reglas del derecho chileno, mire, tómenlo porque la verdad ya tenemos mucho trabajo. Entonces podríamos decir, mire, si quiere llevárselo o lléveselo, parece mejor que lo siga yendo a la justicia militar, en esto no se nos va la democracia, ni el Estado de derecho”.
“El punto es que en los últimos 25 años, desde que se creó el Ministerio Público, nunca había ocurrido que al Ministerio Público se le quitase una competencia. Siempre, durante estos últimos años, se le estaban otorgando más competencias. Es decir, se estaba confiando, creciendo la confianza en la capacidad del Ministerio Público de investigar con objetividad, con prolijidad, de los tribunales de juzgar con imparcialidad y de buscar soluciones prontas y eficaces de combatir la impunidad respetando los derechos y las garantías judiciales de los imputados y todos los demás intervinientes”, remató.
